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Mendoza
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El Tribunal Oral Federal rectificó un error material en la sentencia contra Marta Boiza, esposa del exjuez Walter Bento, y estableció que deberá pagar una multa de más de $223 millones, ajustando el monto a lo previsto según delitos y penas.
Un tribunal federal de Mendoza detectó y corrigió un error de tipeo en la sanción económica impuesta a Marta Isabel Boiza Yorino, esposa del exjuez federal Walter Bento, en el marco de una causa por delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La rectificación establece que la multa que deberá pagar supera los $223 millones, una cifra muy superior al monto originalmente consignado.
Boiza fue condenada junto a Bento y otras personas por su participación en una red de delitos vinculados a la corrupción judicial y el manejo indebido de fondos públicos. En el fallo inicial, la pena económica que se le había asignado parecía notoriamente baja en comparación con las impuestas al resto de los condenados, lo que alertó a los magistrados.
En la primera versión de la sentencia, la multa atribuida a Boiza era de apenas $346.159, una cifra que no se correspondía con la gravedad de los delitos ni con las penalidades aplicadas a otros imputados, incluidos su esposo y su hijo. Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 revisaron el texto y confirmaron que se trató de un error material en la redacción del fallo.
Tras analizar la composición de la pena y la comparación con las sanciones de otros condenados, los magistrados determinaron que el monto correcto debía ser $223.346.159, lo que fue oficialmente consignado en una aclaratoria publicada recientemente.
El juicio contra Bento y su entorno se desarrolló en los últimos meses y culminó con una condena de 18 años de prisión para el exjuez, así como importantes multas para los demás implicados. Entre los condenados también se encuentra el hijo de la pareja, quien fue penalizado con una pena de prisión y una multa considerable, junto con otros integrantes de la banda investigada por corrupción.
El ajuste en el monto de la multa a Boiza busca ahora evitar inconsistencias en la ejecución de la sentencia y garantizar que las sanciones económicas reflejen adecuadamente la responsabilidad de cada condenado en el caso.
