La investigación generó un escándalo en Mendoza. La justicia detuvo a tres abogados y otras seis personas, ya que se sospecha, integraban una asociación ilícita presuntamente comandada por el juez federal de Mendoza Walter Bento. En un principio todos se negaron a declarar ante la Justicia y permanecen en calidad de detenidos aunque trascendió que uno de ellos confesó haber efectuado una millonaria coima a cambio de su libertad, según consigna Diario Uno.

Tras las imputaciones del miércoles pasado, los pesquisas liderados por el fiscal Dante Vega esperaban que algunos de los apresados declarara, sobre todo teniendo en cuenta que se puede acoger a la figura de arrepentido.

Javier Santos Ortega fue el primero en hacerlo y declaró que en una oportunidad pagó más de 700 mil dólares a cambio de salir del penal. Afirma que entregó una parte con dinero en efectivo y el resto con propiedades.
La Fiscalía sigue recopilando datos y testimonios. Entre ellos, declaraciones de testigos,  mensajes de teléfonos, fallos polémicos y llamadas telefónicas entre los sospechosos.

Javier Santos Ortega, de 47 años, había estado privado de su libertad en mayo de 2019 luego de una denuncia que radicó AFIP. El organismo detectó que una empresa que vendía zapatillas por Internet no había registrado el ingreso de esa mercadería desde Chile.

Bento, juez federal de Mendoza y con competencia electoral, fue imputado el miércoles pasado acusado de ser "jefe de asociación ilícita, seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito", aunque permanece en libertad debido a los fueros que lo amparan.

La causa se originó en marzo del año pasado a partir de los datos que aparecieron en el teléfono del detenido Walter Bardinella Donoso (41), acusado de narcotráfico, y las declaraciones de Diego Barrera, el principal imputado por el secuestro y homicidio del empresario Diego Aliaga.

Para la fiscalía, uno de los intermediarios entre el juez imputado y los sobornadores era el empresario Aliaga.

Según un informe de la fiscalía que fue publicado en la web institucional fiscales.gob.ar, Aliaga era "hombre de confianza del juez federal para el arreglo de causas a cambio de sobornos" y que el vínculo entre ambos se remonta a 2009, cuando Aliaga fue imputado por contrabando de mercaderías y "fue beneficiado por el juez en dos oportunidades: la primera en fecha 3 de agosto de 2010 cuando dictó falta de mérito en su favor y la segunda el 14 de mayo de 2014 cuando lo sobreseyó".

Además, señalaron que en varias oportunidades los abogados detenidos en el marco de la causa se reunían con Aliaga o hablaban en forma permanente con él, quien les daba instrucciones bajo la dirección del juez, a quien mencionaba como el "número 1".

Por otra parte, la fiscalía realizó una investigación del patrimonio del juez federal, de su esposa -también funcionaria judicial-, como así también de dos de sus tres hijos, quienes aún no fueron imputados en el expediente.

Los fiscales descartaron que los varios viajes realizados por el juez y su esposa a las ciudades estadounidenses de Miami y Nevada, de entre cinco y siete días de duración, hayan sido "con fines de esparcimiento u otro fin lícito" y sospechan que estaban vinculados a operaciones de "enriquecimiento ilícito y lavado de activos".

Fuente: Diario Uno y Telam