La acordada -que tiene fecha del 30 de diciembre- obtuvo los votos favorables de los siete jueces: Dalmiro Garay, Omar Palermo, Julio Gómez, José Valerio, Pedro Llorente, Mario Adaro, y María Teresa Day.
El máximo tribunal había convocado en el pasado mes de octubre a una audiencia pública para debatir acerca de la constitucionalidad de la prisión perpetua.
En agosto de 2019, en un juicio por jurados, el panel popular halló culpable a Mariano Gutiérrez y a los hermanos Abel y Rafael Yáñez, que estaban imputados por el homicidio de José Leandro Lucero (27), ocurrido en 2017.

El juez Eduardo Martearena no los condenó a prisión perpetua sino a 25 años de cárcel, planteando la inconstitucionalidad de la primera de las condenas.
Argumentó que además de atentar contra la Carta Magna del país se contraponía a los pactos internacionales a los que adhirió la Argentina con la reforma constitucional de 1994.
En su fallo, el Tribunal supremo provincial afirmó que la prisión perpetua "no resulta inconciliable con la Constitución Nacional, ni tampoco vulnera las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos que la República Argentina ha suscripto y que tienen jerarquía constitucional (arts. 31 y 75 inc. 22)".

Uno de los motivos por los cuales los ministros rechazaron la declaración de inconstitucionalidad propuesta por Martearena fue que esa decisión corresponde cuando "se tenga la plena prueba, clara y precisa, de su oposición con la Constitución". Y esto no ocurre, de acuerdo con el criterio del máximo tribunal, con la pena de prisión perpetua.