El Ministerio Público Fiscal solicitó este martes una pena de 45 años de prisión para los curas del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, Nicola Corradi y Horacio Corbacho, acusados ambos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores, en 11 casos de niños hipoacúsicos que asistían a esa institución.

Por su parte, para el ex jardinero Armando Gómez, que está sospechado de haber cometido los mismo delitos que los sacerdotes, los fiscales solicitaron una pena de 22 años y medio de prisión por ser "una persona altamente influenciable" y por su condición de hipoacúsico y de poca instrucción, ya que es analfabeto.

Corbacho es juzgado por 16 hechos, aunque muchos de ellos fueron cometidos contra la misma víctima. En base a lo que pudieron determinar los investigadores, se acreditaron tres abusos sexuales con acceso carnal gravemente ultrajante, siete abusos sexuales con acceso carnal, cuatro abusos sexuales simples, uno abuso sexual gravemente ultrajante y un hecho de corrupción de menores.

En cuanto a Corradi, llegó a debate acusado de haber cometido seis ataques, entre ellos, dos por abuso sexual gravemente ultrajante; uno por abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante; uno por abuso sexual con acceso carnal; y dos por corrupción de menores. Si bien el sacerdote italiano cuenta con 10 hechos menos que Corbacho, su situación judicial es igual de grave debido a que oficiaba como regente del Próvolo, y era el responsable de la guarda de los menores allí alojados.

En cuanto a lo que respecta al jardinero Gómez, se cree que cometió seis delitos, uno por abuso sexual simple; uno por abuso sexual gravemente ultrajante; dos por abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante; y dos por corrupción de menores.

El jefe de los fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide, diferenció la situación de los religiosos, que durante los abusos eran las autoridades del colegio, de la posición de Gómez, a quien calificó de "una persona altamente influenciable y sin instrucción, que no tenía el mismo poder".

En una conferencia de prensa, Iturbide precisó que de los 28 hechos que se ventilaron en los tres meses de debate, para el Ministerio Público Fiscal se probaron 25. "Para el caso del cura Corbacho, logramos comprobar la materialidad de 16, como llegamos a este juicio, pero hubo tres que fueron desestimados, uno de Corradi por corrupción de menores y dos de Gómez por abuso simple y corrupción de menores", detalló.

En el inicio de la investigación, la causa tenía un cuarto imputado, el administrativo Jorge Bordón, quien hace poco más de un año rompió el pacto de silencio y reconoció ante la Justicia su participación en los 11 hechos de los que se lo acusaba. De este modo, en un juicio abreviado fue condenado a 10 años de prisión, una pena acordaba entre su defensa y el fiscal Gustavo Stroppiana.

El proceso contra los abusadores comenzó a principios de agosto, y este lunes inició la etapa de los alegato. El primero en hablar en la audiencia de hoy fue el fiscal que realizó toda la instrucción de la causa, y luego hizo lo propio el jefe de los fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide, que concluyó su alegato hoy.

Durante los próximos días será el turno de la querella, y luego hará lo propio desde la defensa, por lo que se espera que la semana próxima el Tribunal Penal Colegiado N°2, compuesto por los jueces Carlos Díaz, Aníbal Crivelli, y Mauricio Juan, dicte sentencia.

En los últimos meses declararon las víctimas, testigos y los médicos que atendieron a los chicos abusados. A principios de octubre, psicólogos y psiquiatras de partes expusieron sus análisis y coincidieron en señalar que las declaraciones de los denunciantes tienen credibilidad y que los relatos de los ex alumnos que padecieron los abusos, no tienen "una finalidad ganancial más que obtener justicia".

Por su parte, la monja japonesa Kosaka Kumiko esta acusada por "participación primaria" en nueve hechos de abuso sexual y corrupción de menores en el Instituto Próvolo desde 2004 hasta 2012, período en que se desempeñó en el establecimiento. Según los testigos, ella era quien los golpeaba y ocultaba también las heridas de los menores abusados.

La religiosa está detenida en un convento y en abril pasado la Justicia resolvió otorgarle la liberad previo pago de una fianza que se fijó en 2 millones de pesos, pero el fiscal de la causa, Stroppiana, solicitó nuevamente su detención debido a las nuevas denuncias recibidas en su contra por parte de ex alumnos del Próvolo.