Frente a los constantes escándalos por abusos sexuales de la iglesia, el Vaticano ha decidido celebrar una cumbre histórica de obispos de todo el mundo, expertos y líderes de órdenes religiosas, del 21 al 24 de febrero para hacer frente a la crisis.

Los turistas y fieles que visitaban la Abadía de Montserrat un soleado domingo de febrero parecen prestar poca atención a dos hombres con pancartas que piden la secularización del abad por encubrir abusos sexuales en la poderosa institución.

Pero los dos hombres, que afirman haber sido abusados sexualmente en la infancia, se están haciendo escuchar dentro y fuera de España por la presión a la que está sometida la Iglesia católica, a la que se le exige esclarecer los casos de abusos del clero.

Miguel Hurtado, un psiquiatra infantil catalán de 36 años con residencia en Londres, inició una petición en la plataforma Change.org para extender significativamente los plazos de prescripción de delitos de abuso sexual contra menores hace casi tres años, y desde entonces ha superado las 520.000 firmas.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que adelantó las elecciones generales para el 28 de abril, dijo que estudiaría la propuesta y actuaría para prevenir este tipo de crímenes.

En España, uno de los países con mayor tradición católica, los activistas estiman que hay miles de casos silenciados por la Iglesiaque podrían empezar a salir a la luz a partir de ahora.

Hurtado declaró que el abad, Josep María Soler, había silenciado durante más de 20 años los abusos sexuales que sufrió por parte del Hno. Andreu Soler cuando se unió a los 16 años a los Scouts que el monje al que acusa dirigía.

El monje, que compartía apellido con el abad pero no eran familiares, falleció en 2008.

La Abadía dijo en un comunicado de prensa el mes pasado que el abad no supo de estas acusaciones hasta que ocupó el cargo, en el año 2000, y que se decidió pagar en 2003 la cantidad de 8.600 euros (9,740$) a Hurtado para pagar los costes de la terapia y aquellos derivados de la contratación de una abogada.

La institución prometió "actuar con total transparencia" y pidió "perdón por todo aquello en que no haya sabido estar a la altura de las expectativas", añadiendo que siempre había actuado para ayudar a Hurtado.

La Abadía liderada por Soler denegó a Reuters hacer declaraciones sobre la demanda de secularización del abad por parte de Hurtado. También rechazaron a Reuters una solicitud para entrevistar al abad.

Las víctimas de los abusos considerados como más severos, en los que ha habido penetración, cuentan con 10 años más para denunciar sin que prescriba el delito.

En este último grupo de víctimas se encontraría Teresa Conde, una profesora de filosofía de Salamanca que declaró a Reuters haber sido violada por un sacerdote y director de colegio 30 años mayor desde que tenía 14 años. Las agresiones se prolongaron durante casi tres años.

"El violador fue impune entonces y los encubridores son inmunes ahora", dijo Conde, que no fue capaz de contar a su familia lo que había sufrido hasta los 42 años por el trauma con el que convivía.

Conde señaló haber sido educada como mujer en la sumisión al hombre y la autoridad y no haber comenzado a vivir plenamente hasta que su abusador murió, hace tres años.

El Padre Daniel García, ministro de la provincial norte de la orden de los Trinitarios en España, corroboró su historia a Reuters, añadiendo que el sacerdote reconoció que las acusaciones eran ciertas.

El gobierno socialista aprobó en el último Consejo de Ministros de 2018 el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, que pretende extender la prescripción de los abusos 12 años. Pero aún no ha sido remitida al Congreso.

La Iglesia ha sido criticada en numerosas ocasiones por el tratamiento a la crisis de abusos sexuales, que hizo público el modus operandi de trasladar a clérigos depredadores de menores a otros centros en vez de ser secularizados o puestos en manos de las autoridades ordinarias.

Pero parece que hay algunos cambios en la Iglesia española. El 12 de febrero, la Conferencia Episcopal Tarraconense pidió disculpas a las víctimas de abusos y el pasado mes de noviembre el obispo Gil Tomayo dijo que había habido un "silencio cómplice" por parte de la Iglesia en los casos de abusos.

Bajo la legislación española, los abusos sexuales son tratados como delitos leves, dando a la víctima hasta 5 años desde la mayoría de edad para denunciar.