La represión de Maduro alcanza un récord: 35 asesinados y 850 detenidos

Sólo el mismo día que Guaidó juró el cargo se produjeron 700 detenciones

La revolución ha puesto en marcha un plan para aterrorizar a los ciudadanos que protestan y acabar así con la rebelión en las calles, reedición perfeccionada de la estrategia gubernamental empleada en 2017. Las primeras estadísticas en una sola semana dan mucho miedo: 35 asesinados a balazos, cuando sólo un joven había fallecido en el mismo tiempo de hace dos años, y 850 detenidos.

El 23-E, el día que se juramentó Juan Guaidó como presidente encargado del país, se produjeron 700 detenciones, récord en la Historia de Venezuela. La cifra de presos políticos al día de hoy se ha disparado hasta 976, según el Foro Penal. Otro récord histórico.

"Tenemos la cifra corroborada, con nombre y apellido, sitio y presunto responsable, de 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones en todo el país", confirmó Rafael Uzcátegui, coordinador de la prestigiosa ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos).

Pese a las evidencias, recogidas por defensores de derechos humanos, organizaciones civiles y activistas políticos, además de los documentos audiovisuales que circulan por las redes sociales ante el apagón informativo en televisiones y radios, el chavismo niega la mayor. "Quieren crear falsos positivos para echar la culpa al gobierno. Nosotros no asesinamos a nadie", aseguró ayer Diosdado Cabello, número dos del chavismo.

"Esto es una masacre, día a día mueren venezolanos. Siguen llegando reportes, pero muchos no se han podido reportar, porque desde el interior del país pasan horas sin luz y sin internet", denunció la abogada Ana Leonor Acosta. Voluntad Popular, el partido del preso político Leopoldo López y del propio Guaidó, eleva la cifra de muertes violentas hasta 43.

Familiares de las víctimas han denunciado a los investigadores que las autoridades les presionan y amenazan para falsear los documentos que señalan las causas de las muertes. "Están traficando con el dolor", sentencia Uzcátegui.

Los relatos de los detenidos también son espeluznantes. Pese al poco tiempo transcurrido ya se presentan torturas, malos tratos, abusos sexuales, detenciones arbitrarias y menores detenidos. Las acusaciones son de obstrucción de la vía pública, resistencia a la autoridad, instigación pública, agavillamiento (asociación iliegal, ilícita o criminal), daño a la propiedad pública o privada y, "en los casos más graves, terrorismo", delito que se paga hasta con 30 años de cárcel, la máxima pena en Venezuela.

Lo más grave, apuntaron los defensores de derechos humanos, es la utilización de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional para reprimir, perseguir e incluso asesinar a manifestantes, especialmente en los barrios más pobres del país, que han protestado bloqueando calles por las noches. "Se está buscando a las personas por las noches, una irrupción violenta en sus casas, entran y se las llevan", señaló Gonzalo Himiob, en referencia a la actuación de este cuerpo policial, calificado de "grupo de exterminio" por las propias ONG.

"La actuación del FAES demuestra el desprecio que tiene Maduro contra los pobres. Desplegar un órgano policial que tiene armas de guerra demuestra el desprecio a la vida. Es un grupo comando con un gran prontuario en violaciones de derechos humanos. Este grupo se está usando para sembrar terror", añadió Marino Alvarado, de Provea.

La diputada Delsa Solórzano, una de las redactoras de la ley de amnistía que discute el Parlamento para perdonar a los militares y civiles que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional, pidió a los miembros de las FAES dejar de asesinar venezolanos y ponerse del lado de la Constitución. La diputada Adriana Pichardo invitó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que visite Venezuela y sea "testigo de los crimenes de lesa humanidad".