Beijing defendió a sus compañías tras las medidas por presuntos vínculos con Irán y exigió a Washington que frene el uso de sanciones extraterritoriales.
El Gobierno de China cuestionó con dureza las sanciones impuestas por Estados Unidos contra empresas chinas por presuntos vínculos con Irán, al calificarlas como "ilegales y unilaterales" y sin sustento en el Derecho Internacional.
La respuesta oficial marca una nueva escalada en la tensión entre ambas potencias, en un contexto de creciente disputa por el comercio energético y la influencia global.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, exigió a Washington que "detenga inmediatamente la equivocada práctica de abusar de las sanciones", en referencia a lo que China considera una extralimitación de jurisdicción.

Denuncian que al menos 120 ciudadanos fueron captados con falsas ofertas laborales y obligados a combatir en el conflicto con Ucrania.
Desde Beijing sostienen que este tipo de medidas, aplicadas fuera del territorio estadounidense, carecen de legitimidad jurídica internacional.
El Gobierno chino aseguró que tomará medidas para proteger a sus compañías frente a lo que considera una injerencia externa.
"China protegerá de forma decidida los legítimos derechos e intereses de sus empresas", advirtió el vocero oficial.
La declaración se produjo luego de que una de las principales empresas señaladas negara cualquier vínculo con Irán.
La petroquímica Hengli, operadora de una de las mayores refinerías privadas de China, rechazó las acusaciones del Departamento del Tesoro estadounidense.
Washington sostiene que la compañía desempeña un rol clave en el sostenimiento de la economía petrolera iraní, al adquirir grandes volúmenes de crudo.
Según Estados Unidos, estas operaciones contribuirían a financiar al régimen iraní, en un contexto de sanciones internacionales.
El cruce refleja una disputa más amplia entre China y Estados Unidos, donde las sanciones económicas se han convertido en una herramienta central de presión geopolítica.
Para Beijing, el uso de estas medidas responde a una estrategia de contención económica, mientras que Washington las justifica como parte de su política de seguridad internacional.
La controversia agrega incertidumbre a las relaciones bilaterales y podría tener impacto en el comercio global de energía.
El enfrentamiento entre ambas potencias sigue escalando, con implicancias que van más allá de las empresas involucradas y que afectan el equilibrio económico y político internacional.