El Gobierno de España aprobará un anteproyecto de ley sobre una mejor protección de la infancia y la adolescencia, y por el que castigará la incitación al suicidio, a la realización de actos sexuales, a las autolesiones y trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia a través de internet y las redes sociales.

Entre otras medidas de la reforma legal, se autorizará a los jueces que investigan dichas páginas web a retirar el contenido de forma cautelar mientras dure la investigación.

También se crearán unidades especializadas en violencia sobre menores dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, los centros educativos contarán con protocolos para luchar contra el acoso escolar y se creará la figura de un adjunto al Defensor del Pueblo especializado en este tipo de violencia.

Otra de las medidas que contempla la ley es que sea el representante legal de un menor quien decida si este debe declarar en un juicio o no, y obligará a los familiares de un menor a testificar cuando sea necesario; en caso de discrepancia, la decisión la tomará el fiscal.

El anteproyecto de ley ampliará el concepto de violencia para abarcar toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional a un menor, incluyendo castigos físicos y las negligencias, y prevé que cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia a un menor, lo denuncie ante la autoridad competente.

Asimismo, las víctimas de abusos podrán denunciar los delitos hasta que cumplan 40 ó 50 años de edad, al ampliar hasta 30 años, en lugar de los 18 años actuales, la fecha en que prescriben los delitos de este tipo.

Finalmente, los condenados por delitos sexuales contra un menor deberán someterse a programas específicos para evitar su reincidencia y verán endurecerse las condiciones para poder acceder al tercer grado penitenciario, disfrutar de permisos carcelarios o lograr la libertad condicional.