Tras verse involucrado en un escándalo de corrupción en El Vaticano, el papa Francisco emitió un nuevo decreto por el que la Secretaría de Estado del Vaticano pierde el control del dinero y otros recursos de la Santa Sede.

El papa firmó la nueva ley el fin de semana, y con ella la Secretaría tendrá que ceder todos los activos financieros a otra oficina del Vaticano para el 4 de febrero. 

Según el reporte de Reuters, el decreto obliga a la Secretaría de Estado a renunciar a la gestión de los fondos que recibe El Vaticano, incluyendo inversiones e inmuebles que sean donados o adquiridos.

La ley también exige que todas las donaciones que el papa recibe de los fieles, que serán retenidas y administradas por la oficina del Tesoro del Vaticano como fondos separados que se contabilizan en el presupuesto consolidado de la Santa Sede.

Corrupción en El Vaticano

El despojo contra la Secretaría de Estado surge después del escándalo por el mal manejo de cientos de millones de euros de donaciones e inversiones que ahora son objeto de una investigación por corrupción.

Como reportamos en La Verdad Noticias, el escándalo alcanzó su punto de quiebre tras las confesiones del cardenal Giovanni Angelo Becciu, secretario de Estado del Vaticano, en las que aceptaba haber comprado inmuebles en Londres usando fondos de donaciones.

Francisco actuó contra su propia secretaría de estado en medio de una investigación de 18 meses por parte de los fiscales del Vaticano sobre la inversión de 350 millones de euros de la oficina en un edificio residencial de lujo en el barrio londinense de Chelsea y otros fondos especulativos.

Los fiscales del Vaticano han acusado a varios funcionarios del departamento de abusar de su autoridad por su participación en el acuerdo, así como a varios intermediarios italianos de supuestamente despojar al Vaticano de decenas de millones de euros en honorarios.

El papa Francisco ya había ordenado las transferencias en agosto y en noviembre fue creada una comisión que pondría los cambios en práctica. La nueva ley determina que los cambios son permanentes y pone como fecha límite para el inicio de su ejecución el 1 de enero.