El Gobierno de la Comunidad de Madrid podría estar a punto de quedarse sin potestad sobre su territorio para gestionar la crisis del coronavirus. Tras unas medidas de la jefatura autonómica que no están resultando efectivas, el Ejecutivo central estudia tomar las riendas de la situación.

Dada la importante ola de contagios que se está registrando en la región, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció una restricción de movilidad y mayores límites de aforo por 14 días en 37 áreas sanitarias de la comunidad tras reunirse con Pedro Sánchez el pasado 21 de septiembre.

La idea de la presidenta era aislar al máximo a las 855.000 personas residentes en esos distritos y municipios, afectados directamente por el virus, para contener la propagación del mismo. No obstante, el resultado ha sido de confusión general por desconocimiento de los nuevos límites y de arbitrariedad, con parques cerrados, pero bares llenos en una misma calle.

Las nuevas medidas contaron en un principio con el beneplácito del Gobierno central. No obstante, el ministro de Sanidad español, Salvador Illa, recomendó el 24 de septiembre que se confine toda la capital y todos los municipios que tengan una tasa de incidencia acumulada de más de 500 casos por 100.000 habitantes.

El Ejecutivo de Ayuso considera una deslealtad este cambio de rumbo, pero ha aceptado aplicar el criterio del Ministerio de Sanidad siempre y cuando la propuesta lanzada se aplique a todas las poblaciones de España con la misma incidencia acumulada que la citada y siempre que se hagan PCR en el aeropuerto y estaciones de trenes de Madrid.

Esto pone de relieve las desavenencias entre la jefatura autonómica de Madrid, encabezada por el principal partido de oposición, el Partido Popular, y la Moncloa, liderado por la coalición izquierdista formada por el PSOE de Pedro Sánchez y Unidas Podemos.

El Gobierno central está analizando cómo tomar el mando en la Comunidad de Madrid si finalmente no se llega a un acuerdo convincente y que encauce el problema de manera adecuada.

En circunstancias normales esto implicaría tomar medidas drásticas como activar el estado de alarma o aplicar el artículo 155 de la Constitución, el cual anula temporalmente la autonomía de una comunidad autónoma en caso de emergencia. No obstante, en este caso el Ejecutivo central no necesitaría hacer nada de esto ya que recurriría al real decreto ley en que se desarrolla la llamada nueva normalidad.