Con el apoyo de parlamentarios de la coalición de derecha del gobierno y tras una noche de protestas callejeras, la iniciativa fue aprobada por 95 votos a favor, 36 abstenciones y 22 en contra.

Cacerolazos, aplausos, bocinazos de automóviles y gritos de alegría "como si fuera la final de un mundial", se hicieron sentir en varios barrios de la capital tras la aprobación de la iniciativa, incluso de personas que desde sus ventanas ondearon la bandera nacional.

Este voto abre la puerta por primera vez a reformar un sistema de capitalización absolutamente individual pionero en el mundo, instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fuertemente criticado en los últimos años en Chile por entregar bajísimas pensiones, en muchos casos equivalente al salario mínimo o menos de 400 dólares.

El proyecto de ley es considerado como una tabla de salvación para la grave crisis económica derivada de la pandemia y la falta de ayuda estatal después de cuatro meses de cuarentena y restricciones sanitarias.

"Las ayudas de Piñera no han llegado, yo saco el 10% y me pongo al día con el colegio de las niñas", dijo Agustín Serrano, ingeniero mecánico desempleado, de 41 años, hace tres meses en Santiago.

"No es un proyecto justo", criticó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel al afirmar que "no es la mejor forma de resolver los problemas que enfrenta la clase media".

Blumel se pronunció poco antes de la votación sin lograr revertir el voto de 13 parlamentarios de la coalición de gobierno que votaron a favor. "Yo no soy un parlamentario de la izquierda, simplemente escucho a la ciudadanía", dijo el diputado oficialista Jorge Durán.

La aprobación parlamentaria motivó una caída del 3,31% de la Bolsa de Comercio de Santiago, ante el temor a la liquidación de activos por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en caso de prosperar el proyecto de ley, que se estima movilizará unos 20.000 millones de dólares.

El martes y dos semanas después de un primer anuncio calificado de insuficiente, el presidente Piñera anunció la modificación de un programa de apoyo a la clase media, sumando un bono de 630 dólares y estableciendo un crédito blando por 1.900 dólares, sin interés, un año de gracia y pagadero hasta en cuatro años.

Piñera también anunció un acuerdo para modificar el sistema de pensiones chileno, previsto en otro proyecto que ha reposado por años en el Congreso.

Pero su propuesta no logró acallar las protestas convocadas en redes sociales el martes en la noche en una población que en Santiago lleva 55 días en cuarentena obligatoria y donde la economía cae día a día.

Cacerolazo, barricadas, saqueos y enfrentamientos se saldaron el martes en la noche con 61 detenidos y escenas que recordaron lo vivido tras el estallido social del 18 de octubre del año pasado.

En la comuna de Estación Central, en el centro de Santiago, un grupo de encapuchados quemó al menos 20 vehículos en una concesionaria, y un autobús del transporte público.

"El no cumplimiento de las normas sanitarias nos va conducir probablemente a retrocesos graves en el manejo de la pandemia", advirtió el ministro de Salud, Enrique Paris, al entregar el reporte diario de cifras de la pandemia, que volvieron a arrojar la menor cifra diaria de infectados en dos meses: 1.712 nuevos casos.

Tras 55 días de cuarentena total en la región metropolitana, la clase media, que arrastra niveles de endeudamiento por encima del 70% para pagar vivienda, educación, salud y comida, resiente la crisis en sus hogares y hasta ahora no ha recibido ninguna asistencia pública directa. El sombrío escenario económico se cruza con una estrategia sanitaria que tuvo tropiezos después de dos meses de aparente éxito, y que dejó a Chile entre los 10 países con más casos de coronavirus en el mundo, con acumulado de casi 320.000 contagiados y más de 11.000 fallecidos, considerando las muertes "probables" por el virus.