"Presentaremos una denuncia para que la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre la responsabilidad del presidente Piñera por las sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el estallido social", afirmó a Sputnik uno de los miembros de la comisión política de la colectividad, Juan Andrés Lagos.

El dirigente comunista explicó que la decisión fue tomada esta semana al interior del partido "con el objetivo urgente de detener las violaciones que aún se siguen cometiendo, ya que las acciones del Gobierno, del Ministerio del Interior y de la Intendencia de Santiago siguen generado una fuerte represión contra los manifestantes".

"Es necesario que la CPI se pronuncie, ya que Piñera no ha detenido las violaciones a los derechos humanos a pesar de los múltiples informes internacionales que han exigido al país que lo haga", señaló.

Lagos afirmó que la manera en que el presidente ha abordado la crisis social le recuerda al periodo de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), porque "Piñera ordenó a los militares salir a la calle, dijo que había que combatir a un "enemigo poderoso", habló de que en Chile había un "enemigo interno", cosas que siempre se dijeron en dictadura".

"Es necesario que se establezca de manera urgente la responsabilidad política de Piñera, que hay un presidente y un poder político que están violando derechos humanos tan importantes como el derecho a la vida, y además, que no se normalice la impunidad en el país", cerró.

El Poder Ejecutivo en Chile y en particular el presidente Sebastián Piñera han sido cuestionados durante los últimos meses debido a su gestión de la crisis social que afecta al país desde octubre de 2019.

Las últimas encuestas de opinión revelaron que su aprobación ciudadana no supera el 11%, a diferencia del 24% con que contaba hasta antes del inicio del estallido social.

Diversos organismos internacionales denunciaron violaciones a los derechos humanos sucedidas durante la crisis, como Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y también el órgano chileno Instituto Nacional de Derechos Humanos.