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Perú: conmoción por la fuga de un ex juez acusado de liderar una trama de corrupción

La fuga a España del ex juez César Hinostroza, acusado de liderar una gran trama de corrupción en la justicia peruana, siguió causando hoy conmoción en Perú y un cisma entre Gobierno, Congreso y Fiscalía, que no cesaron de intercambiar acusaciones sobre la responsabilidad de la huida del magistrado.

Jueves, 18 de Octubre de 2018
La revelación de que el ex magistrado había llegado ayer a Madrid dejó en segundo plano la liberación de Keiko Fujimori, principal líder de la oposición, tras una semana detenida por un presunto delito de lavado de activos.

Hinostroza burló una orden judicial de impedimento de salida del país para escapar antes de que la Fiscalía lo procesara, aprovechando que el Congreso dilató la entrega del expediente al Ministerio Público, informó EFE.
El Congreso aprobó destituir e inhabilitar por diez años a Hinostroza el 4 de octubre, el mismo día en que acordó denunciarlo penalmente por patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal.
Sin embargo, no envió el documento a la Fiscalía hasta este martes 15, cuando ya habían saltado los rumores de una posible fuga de Hinostroza, quien salió del país por la frontera con Ecuador el domingo pasado, día de elecciones regionales y municipales en Perú.
Tanto la Fiscalía como el Gobierno, donde ya renunció el ministro del Interior, Mauro Medina, culpan al Congreso por no haber remitido inmediatamente la denuncia, pero el Legislativo, con mayoría del fujimorismo, carga contra los magistrados y el Ejecutivo.
Aunque el presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry, pondrá a votación la destitución de los funcionarios encargados del trámite, aseguró que no tiene pensado dimitir.
Asimismo, la portavoz fujimorista Úrsula Letona afirmó que el responsable de cuidar las fronteras es el Ministerio del Interior y que la Fiscalía podía haber tomado medidas sin necesidad de tener el expediente en sus manos.
Sin embargo, el fiscal supremo Pablo Sánchez, a cargo del caso, indicó al Canal N que no podía hacer nada sin tener el documento en su poder, agregó EFE.
En tanto, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, consideró hoy que el Ejecutivo ya asumió responsabilidades con la dimisión del ministro del Interior y exigió que hagan lo propio "quienes blindaron y dejaron de actuar durante varias semanas".
Vizcarra también manifestó su seguridad de que España no protegerá a Hinostroza, por lo que el Gobierno inició hoy mismo los trámites para intentar repatriar a Hinostroza lo antes posible.
El ex juez peruano ha pedido asilo ante la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Madrid, lo confirmaron hoy a EFE fuentes del Ministerio del Interior de España.
Hasta que no se resuelva el expediente y se decida si se acepta tramitar su solicitud, Hinostroza no puede ser entregado a Perú.
La orden de captura internacional de Hinostroza fue dictada al filo de la medianoche de este miércoles por la Corte Suprema de Perú, por lo que, al parecer, todavía se estaba analizando en la central de la agencia policial internacional Interpol en Lyon.
Accesoriamente, el Gobierno de Perú ofreció una recompensa de 12.000 dólares por información que permita la ubicación y captura de Hinostroza, cuyo abogado renunció hoy a defenderlo.
Por información sobre el paradero exacto de Hinostroza, el Gobierno peruano ofrece una de las sumas más altas de su Programa de Recompensas, solo menor a los 15.000 dólares que ofrece por dos peligrosos narcotraficantes.
Hinostroza, que presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, era el juez de mayor entidad de "Los cuellos blancos del puerto", como se conocía a una amplia red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que también participaban políticos y empresarios.
El escándalo saltó al publicarse una serie de grabaciones telefónicas en las que se escucha a Hinostroza negociar prebendas y favores, como en una conversación donde ofrece la absolución para el violador de una niña de 11 años.
El caso provocó la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura y de gran parte de los jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, completó EFE.