La comisión, que comenzará a trabajar esta semana, estará presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, informó la Conferencia Episcopal Española (CEE) en un comunicado publicado en su página web.

Menéndez, licenciado en Derecho, es conocido por haber instruido en 2017 el polémico caso prescripto de abusos sexuales en el seminario menor de La Bañeza, en la provincia de León, ocurrido a finales de los años 80, consignó hoy el diario El País.
La investigación fue ordenada por el papa Francisco tras recibir en noviembre de 2014 una carta que le envió una de las víctimas, en la que relataba los horrores sufridos por él, su hermano y otros dos niños que por entonces tenían 13 y 14 años.
Sin embargo, el proceso y el fallo se mantuvieron en secreto, y recién salieron a la luz cuando la parroquia donde ejercía el sacerdote acusado, José Manuel Ramos Gordón, en Tábara, lo despidió con un homenaje que indignó a la víctima que lo denunció por abuso sexual, que era la única conocedora del proceso.
Menéndez, quien permitió el homenaje, había castigado al religioso con la pena de un año sin desempeñar actividades pastorales, tras su admisión de los abusos y haber mostrado arrepentimiento.
La sentencia fue considerada una "burla" por parte del denunciante, que acudió a los medios, lo que disparó otras denuncias de abusos, esta vez en un colegio de la provincia de Zamora, caso que le significó una pena más severa ya que fue "desterrado" durante 10 años a un convento fuera de Astorga.
La víctima que destapó el caso aseguró en una entrevista reciente con la radio Cadena Ser que, en el marco del proceso por el caso de La Bañeza, le llegaron a ofrecer 50.000 euros por su silencio, una denuncia que colocó a Menéndez bajo un manto de sospecha.
Precisamente, al obispo se le encomendó ahora la labor de hacer cumplir con el compromiso de la Iglesia católica española de responder a "cada queja de abuso" contra su personal y prevenir futuros casos.
“Esta comisión va a actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española, que están sirviendo hasta ahora para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico”, aseguró la CEE.
El organismo español, que reúne a todos los obispos bajo la autoridad del Papa, explicó que posteriormente trabajará, de manera interdisciplinaria, en la redacción de una nueva normativa interna “para la prevención y protección de abusos sexuales a menores”.
La creación de la comisión de trabajo, según los obispos, responde a la intención de la Iglesia española de preparar la reunión convocada por el papa Francisco para hablar de los casos de abusos que tendrá lugar en el Vaticano el 21 y 24 de febrero de 2019.
Por otro lado, la CEE señaló que "la Iglesia Católica asume el compromiso de cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio; proteger a todos menores y adultos vulnerables; crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso".
En España, las asociaciones de jueces y fiscales promueven una reforma legal que obligue a la Iglesia a denunciar los casos de pederastía, con la que buscan modificar la tipificación para que el delito pase de ser semipúblico, es decir que sólo puede denunciarlo la víctima o tutor, a público, lo que permitirá que cualquier persona que tenga conocimiento esté obligada a denunciarlo.
También pretenden eliminar o prolongar el plazo de prescripción del crimen, actualmente de diez años a partir de que el menor cumplió los 18.