Encabezada por el rector de la universidad pública de La Paz, convocó a un paro cívico nacional el 21 de agosto y a un paro indefinido a partir del 10 de octubre, como acciones extremas para impedir la reelección del presidente Evo Morales.
La coalición ciudadana boliviana, encabezada por el rector de la universidad pública de La Paz, Waldo Albarracín, convocó a un paro cívico nacional el 21 de agosto y a un paro indefinido a partir del 10 de octubre, como acciones extremas para impedir la reelección del presidente Evo Morales.
"Si tiene que haber elecciones, que sean limpias, con tribunal electoral imparcial; no estamos interesados en elecciones amañadas, truchas, (sino) planificando una movilización para defender la democracia como un derecho de este pueblo", dijo Albarracín en conferencia de prensa.
El también exdefensor del pueblo hizo la declaración acompañado por activistas opositores que, minutos antes, habían presentado la resolución aprobada en un encuentro de varios comités cívicos regionales y plataformas ciudadanas en una reunión realizada en La Paz.
La convocatoria a los paros, que culminarían meses de protestas cívicas contra el actual mandatario, surgió al día siguiente de que una encuesta independiente pusiera a Morales y su vicepresidente Álvaro García muy cerca de ganar una tercera reelección consecutiva en los comicios convocados para el 20 de octubre.
Albarracín dijo que los candidatos opositores habilitados para esas elecciones debían sumarse a la movilización cívica.
La resolución aprobada por la coalición cívica dice que el paro del 21 de agosto será "en defensa de los resultados del 21F", en alusión al referendo del 21 de febrero de 2016 que rechazó por escaso margen la reelección indefinida.
Añadió que el paro nacional que comenzará el 10 de octubre, 10 días antes de los comicios, será por tiempo indefinido "hasta la renuncia del binomio inconstitucional Morales-García y de los vocales del Tribunal Supremo Electoral".
Albarracín reiteró la denuncia opositora de que el órgano electoral ha perdido independencia y actúa en favor del Gobierno desde que habilitó en diciembre pasado la candidatura de Morales y García a pesar del referendo de 2016.
En su defensa, el Tribunal Electoral sostiene que solo acató una sentencia del Tribunal Constitucional.
"Algo que no debemos hacer es perder el miedo. Para defender al país, a la democracia, lo primero que tenemos que hacer es identificar al enemigo principal que es el actual Gobierno", dijo el rector en respuesta a una consulta sobre una situación de caos que podría provocar el eventual paro de octubre.
Agregó que "si finalmente no se dan las elecciones, eso beneficia al pueblo, a elecciones truchas, amañadas, inconstitucionales, es preferible que no existan".
La resolución llamó también a un "cerco y resistencia civil" en La Paz, en fecha no revelada, y a una "movilización nacional" el 6 de agosto, aniversario de la independencia nacional.
La encuesta de intención de voto publicada el lunes, primer día de campaña, asignó a Morales un 37 por ciento de preferencia, con 11 puntos de ventaja sobre el expresidente neoliberal Carlos Mesa (2003-2005), mientras el tercer ubicado es el senador derechista Oscar Ortiz, quien alcanzaba el nueve por ciento.
Para ganar la reelección en primera ronda, Morales necesita obtener el 20 de octubre mayoría absoluta de votos o al menos 40 por ciento con una diferencia de al menos 10 puntos sobre el segundo.