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El chavismo volvió a apretar el cerco sobre el parlamento, el único poder que no controla

El gobierno chavista de Venezuela ajustó nuevamente el cerco sobre la Asamblea Nacional (AN, parlamento), único de los cinco poderes públicos del país que no controla, al desplegar un operativo militar que impidió sesionar a los diputados y acusar judicialmente y pedir el desafuero de otros cuatro legisladores.

Martes, 14 de Mayo de 2019
La AN amaneció rodeada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que impidieron ingresar a diputados y empleados al palacio legislativo.

El motivo del operativo fue una supuesta amenaza de bomba, según informaron el diario El Universal y la televisora Globovisión, pero no hubo información oficial al respecto de parte del gobierno chavista y, en cambio, la AN denunció en su cuenta en Twitter la “toma militar” de su edificio.
El presidente de la AN y mandatario interino de la república, Juan Guaidó, afirmó que “intentan secuestrar el Poder Legislativo mientras el dictador (Nicolás Maduro) se atrinchera solo en un palacio en el que no debe estar, sospechando de todos a su alrededor”.
“Cree que el poder está en los edificios, en las gavetas, en un manojo de llaves; el poder que alguna vez tuvieron lo perdieron cuando perdieron al pueblo, y esta AN sí fue electa por la gente y defenderá su legitimidad”, agregó Guaidó en Twitter.
Finalmente, tras anunciar que buscaría una sede alternativa para deliberar, la AN resolvió aplazar para mañana, en el mismo palacio legislativo, la sesión programada para hoy.
Más tarde, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acusó a otros cuatro diputados antichavistas de traición a la patria y otros delitos, y pidió el desafuero de ellos a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que integran exclusivamente chavistas y se declaró jerárquicamente por encima de los cinco poderes constitucionales.
Se trata de los diputados Miguel Pizarro y Carlos Paparoni, del partido Primero Justicia (PJ), y Franco Casella y Winston Flores, de Voluntad Popular (VP), informó el TSJ en sus cuentas en Facebook y Twitter.
De ese modo, estos cuatro legisladores se suman a los 10 que recibieron una acusación similar en las últimas dos semanas y a los 29 que, por distintas medidas adoptadas por las autoridades chavistas, tienen impedido o limitado el ejercicio de su función, según detalló la AN.
Los cuatro fueron imputados de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada”.
Según reportó el TSJ, la decisión fue adoptada por el plenario de sus jueces y a pedido del fiscal general de la República designado por la ANC, Tarek Saab.
El martes pasado, a pedido del TSJ, la ANC allanó la inmunidad parlamentaria de seis diputados, tal como había hecho la semana anterior con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), Édgar Zambrano, quien fue detenido el miércoles y desde entonces está preso.
Al día siguiente, el TSJ pidió la misma medida para otros tres legisladores, cuya situación debatía esta tarde la ANC junto con la de Pizarro y Paparoni pero no la de Casella y Flores por considerar que estos, por ser diputados suplentes, no tienen inmunidad.
De esos 10 diputados acusados hasta la semana pasada, además del caso de Zambrano, tres se refugiaron en embajadas en Caracas (Richard Blanco, en la de la Argentina, y Américo de Grazia y Mariela Magallanes, en la de Italia); dos anunciaron que pasaron a la clandestinidad (Juan Andrés Mejía y Freddy Superlano), y otro (Luis Florido) se exilió en Colombia.
Asimismo, el viernes pasado, en las casas de varios diputados y otros dirigentes antichavistas aparecieron pintadas amenazas firmadas por “colectivos”, como se conoce en Venezuela a los grupos paramilitares chavistas.