El sábado por la mañana, dos hombres de nacionalidad china fueron detenidos en San Miguel por personal de la DDI de San Martín de la Policía Bonaerense, acusados de haber extorsionado a punta de pistola al dueño de un supermercado de la misma localidad el 23 de enero pasado, al que terminaron por robarle una Renault Kangoo que usaba para transportar mercadería: los dos asiáticos fueron detenidos en esa misma camioneta. Sus nombres eran nuevos para los históricos detectives de la Federal acostumbrados a perseguir a la mafia china, no resonaban en ningún expediente.

El apriete en sí, por otra parte, también era llamativo en la marcha usual de la ruta argentina del supermercado y el dragón: hace ya tiempo que un ciudadano chino no le dispara a otro, no en el negocio turbio de las mafias que extorsionan supermercadistas y comerciantes de su propia comunidad con pedidos de sumas exorbitantes en dólares para comprar protección territorial, para que la mafia vaya y extorsione a la competencia, o directamente para no morir.

Los capos locales refugiados en las mesas de trasnoche de pequeños restaurantes o en las trastiendas de bazares encontraron la forma: hace al menos seis años que contratan sicarios argentinos o peruanos, manejados por bolseros, virtuales tercerizadores con una agenda caliente de ejecutores y gatilleros que pueden cobrar hasta 30 o 50 mil pesos por un disparo en el pecho o en las piernas a quien se niegue a pagar o un apriete o una deuda. Los golpes son sencillos. Dos hombres con casco, una moto enduro, una pistola .9 milímetros, y ya.

Solo hacen falta candidatos dispuestos como G.V, de 33 años, oriundo de  Perú, preso en un penal federal. 

G.V había venido hace unos años de Quillabamba en el Cuzco. Vivió en una casita en la calle Corea en el Bajo Flores, cerca del hospital Piñero, luego en un departamento de la calle El Cairo en Almirante Brown, consiguió trabajo por un tiempo en una constructora. Fue procesado con prisión preventiva en diciembre de 2014 por el juez Ariel Lijo, que lo acusó de ser integrante de una banda narco integrada por casi 20 ciudadanos bolivianos y peruanos investigados por traficar cocaína desde Bolivia a través de Orán, en la provincia de Salta.

G. se habría encargado de guardar el stock de la banda, de acuerdo a la imputación en su contra: lo detuvieron en su departamento de Almirante Brown con más de 33 kilos, junto a 750 gramos de anfetamina en polvo, 147 mil pesos, una escopeta doble caño y seis celulares.

Estuvo preso un tiempo en Devoto a mediados de 2016, donde escribió un pequeño poema sobre su rutina entre reja. Luego salió. El 27 de septiembre del año pasado, G.V cayó detenido otra vez.

Dos policías lo vieron en la esquina de Juan B. Justo y Warnes a bordo de un Ford Focus gris, en medio de maniobras que consideraron extrañas. Chequearon la patente del Focus, un poco extraña también: el número de chasis en el auto correspondía directamente a otra patente, un auto con pedido de secuestro hecho en julio de 2017 por una fiscalía de Tres de Febrero. Había otras tres personas en el auto, dos jóvenes argentinos oriundos de González Catán, y una chica de nacionalidad paraguaya, la novia de G.V.

Los policías hicieron luces, pidieron registrar el auto. Encontraron un poco de marihuana probablemente para fumar esa noche, una granada cilíndrica aturdidora y una hoja A4 con un pequeño apriete escrito en un chino mandarín un tanto rústico, en el formato clásico de la mafia china en Capital Federal: "Jefe, me estoy quedando corto, dentro de tres días prepárese cincuenta mil dólares", decía la misiva, con un número de celular contacto.

Lo más curioso de todo vino con los papeles del auto: había entre los documentos una cédula de autorización de conducir con un nombre asiático que correspondía a un hombre de 28 años, registrado en la AFIP como comerciante de bazar.

La poca marihuana incautada dio intervención a la Justicia federal, con el juez Sebastián Casanello. Así, comenzaron los allanamientos a cargo de la Policía Federal. En la casa de uno de los ocupantes del auto González Catán encontraron una pistola calibre .22 con balas de punta hueca. En la casa de G., un duplex emplazado en una manzana de construcciones precarias en Parque Avellaneda, había bastante más: la Federal encontró un kilo de cocaína, una pistola, un revolver con caracteres chinos grabados en el metal y varios teléfonos.

El celular de G.V resultó ser el más interesante de todos: las conversaciones de WhatsApp detectadas en pericias posteriores terminaron de cerrar la imputación para el juez Casanello, que lo consideró el jefe de toda una asociación ilícita con delitos como encubrimiento, tenencia ilegítima de material explosivo, tenencia ilegítima de armas y uso de documentos adulterados.

El 21 de septiembre, el hombre mantuvo una charla con una mujer de su misma nacionalidad. G. le dice a su interlocutora que "necesito chicas para trabajar de noche" en "un karaoke de puros chinos" que "pagan por noche mil por estar en el local" y "si piden ir a un hotel vos ponés el precio, el mínimo es 2500".

Su interlocutora no tardó en conseguirle una mujer, la tuvo para esa misma noche. Había un requisito tajante: tenía que tener, como máximo, 25 años de edad. "Te acordás de tu amiga, me dijeron que era muy mayor", aseguró G.

Las pericias también revelaron una comunicación de ese mismo día entre G. y otro hombre. "Tenemos trabajo", dijo G.: "Lo mismo que la otra vez, tirar afuera", con una oferta de diez mil pesos "para cada uno".

Un karaoke con trabajadoras sexuales para mafiosos chinos no es algo nuevo. En la calle Carabobo en el Bajo Flores, una de las tríadas más poderosas del país, tuvo el suyo: la Policía Federal lo allanó en 2016 bajo las ordenes de la jueza Maria Gabriela Lanz. Encontraron un pequeño arsenal de pistolas y escopetas en una Renault Kangoo estacionada en la puerta y tres mujeres de diversas nacionalidades en el lugar. Hoy, G. está preso y procesado por el juez Casanello, con un embargo de 3,5 millones de pesos sobre su cabeza

Así, con el tiempo, los mafiosos chinos se convirtieron en empleadores asiduos para los delincuentes argentinos o de nacionalidad peruana, pistoleros en motos enduro que operan en la Ciudad y en el conurbano bonaerense. Son algo ambivalente, clientes paradójicos, plata fácil y a la vez complicada. La mayoría de los contratados lo entiende sin vueltas: con ellos no se jode.

Un viejo ladrón que trabajó para las tríadas habla con Infobae en un penal bonaerense, un hombre de 60 años que vio su era de oro como ladrón de bancos y blindados. "Estoy grande y ya no puedo robar como antes", dice, "además todo es tecnología. Con los chinos me salió un rebusque, cobranzas, préstamos, reventa de coches usados". La línea de trato es clara: "Nunca les faltes el respeto".

R.N.F, "Nico", oriundo de Caseros, con tres condenas previas por robo y apenas 26 años de edad, fue un pionero en cierta forma: el primero en ser acusado de ser un proveedor de matones a sueldo para la mafia china.  Detenido en 2017 en su casa de Caseros, la división Antifraudes de la PFA y  la jueza María Gabriela Lanz lo habían conectado a un oscuro tenedor libre en Boedo con mesita de paño verde el fondo, un lote de pistolas y ketamina y pipas de vidrio para fumar metanfetamina o pasta base. El lugar habría sido una suerte de central operativa

Su afición de hablar por teléfono hizo el resto: el 18 de septiembre de 2016, una grabadora judicial captó una charla en perfecto español con Yu Yumei, alias "A Dong", ciudadano chino oriundo de la provincia de Fujian, presunto jugador fuerte de una de las tríadas más activas del país. Hablaron en vivo, en caliente y en perfecto idioma español, con las motos enduro listas para arrancar.

R.N.F: Hola, sí, escuchame, ¿Bacacay a qué altura era?

Yumei: 3900.

Faeda: Ahí va. Lo tengo a un amigo. Mañana va a trabajar.

La comunicación se corta. Ambos hombres vuelven a hablar poco después desde dos líneas de teléfono diferentes.

Faeda: Escuchame, en 15 minutos salen los chicos a laburar.

Había un pequeño supermercado chino en la calle Bacacay al 3900, en Floresta. El 18 de septiembre de 2016, dos hombres a bordo de una moto frenaron en su puerta. Uno de ellos disparó dos veces dentro del local para luego huir. Nadie salió herido.

En otro golpe, con los pistoleros en espera, “Nico” le avisó a Yubei de un “perro” en la puerta del supermercado, un policía. “Boludo, por qué no me pagás un poquito más y le doy masa”, le dijo a su contacto. Yubei se negó.

La sombra de los pistoleros en moto no tardó en alcanzar a Yu Yumei mismo. Terminó muerto pocos días después: su mujer lo encontró con una bala en el cuerpo sobre la vereda en la calle Catamarca al 600 el 22 de octubre de 2016. Dos sicarios de nacionalidad argentina le dispararon mientras subía a su Toyota Corolla. Su auto, sospecha la Justicia, estaba marcado de antemano. Los presuntos asesinos fueron capturados por la Policía de Ciudad mientras huían. 

Sin embargo, hay un escalón superior en la bolsa de trabajo de sicarios, un asiático superior a “Nico” que solo es conocido por la Justicia argentina a través de escuchas telefónicas que están en el Juzgado N°42 de la jueza Lanz y que hasta el día de hoy es un absoluto misterio. “Hablaba desde un teléfono descartable”, dice un investigador, lo que volvía casi imposible rastrearlo.

Solo queda su apodo, “Lao Ji”.

El 18 de mayo de 2016, “Lao Ji” mantuvo una conversación con un reconocido capo mafia que fue intervenida por la Justicia. “Te veo pobre, quiero darte una oportunidad para ganar dinero”, le dijo el capo, ofreciéndole un trato para salir a entregar amenazas en hojas impresas.

“Yo mando personas a hacerlo, los chicos debajo mío son dirigidos por mí”, respondió “Lao Ji”. “¿Siempre te pagan?”, preguntó el capo. “Lao Ji” aseguró una buena tasa de retorno: “Si entrego cuatro, puedo cobrar dos”.

El jefe pregunta a quién manda. “Extranjeros”, contesta “Lao Ji”. “Cobran 80 mil a 100 mil pesos”, continuó. El jefe se rió con ironía del otro lado de la línea. “¡Pensaba que no tenías dinero!”, le dijo.

Mientras tanto, los casos se apilan. A mediados del año pasado, dos delincuentes de carrera presos en Devoto y Marcos Paz se sentaron frente al Tribunal Criminal N°8 por un ataque a bordo enduro a un supermercadista chino de la calle Estados Unidos, que recibió una bala calibre .38 en la pierna izquierda. Repitieron la moto en sus ataques, una Honda Titan: usaron la misma una semana después para dispararle a otro comerciante en la calle Membrillar, sin matarlo.