Despojado de su atribución histórica de mediar y fijar el valor de referencia de la hoja verde, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) formalizó un viraje estratégico hacia el último eslabón de la cadena de valor. El organismo reorientó sus recursos operativos para financiar de manera directa a los sectores más concentrados de la actividad, en sintonía con las directrices de desregulación impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger. Mientras los pequeños colonos enfrentan quebrantos por el congelamiento del valor de su materia prima desde hace dos años, la entidad oficializó un régimen para solventar la logística de las grandes compañías en el exterior.

A través de la Resolución 113/2026 publicada en el Boletín Oficial, el directorio del ente aprobó la creación del “Programa General de Promoción de la Yerba Mate Argentina en Misiones Comerciales Internacionales”. La iniciativa dispondrá de una partida inmediata superior a los 18 millones de pesos para lo que resta del ejercicio corriente, fondeada mediante la reasignación de partidas preexistentes de ferias internacionales, y contará con una asignación específica dentro del presupuesto proyectado para el próximo año.

Subsidios a la demanda externa y exclusión primaria

Los fondos asignados cubrirán gastos de traslado y alojamiento en giras de prospección comercial, rondas de negocios en el extranjero y actividades articuladas junto a las sedes diplomáticas de la Cancillería. El beneficio económico está reservado exclusivamente para fraccionadores, molineros y elaboradores de derivados industriales que acrediten capacidad exportadora instalada, dejando al margen de cualquier asistencia estatal a los pequeños productores primarios que integran la base del esquema productivo en Misiones y Corrientes.

El contraste productivo se agudiza ante el desempeño comercial dispar de la actividad. Aunque el volumen despachado a mercados internacionales sostiene niveles en alza tras el ejercicio récord alcanzado en 2025, esa bonanza corporativa no logró derramar ingresos hacia los primeros eslabones de la cosecha, donde los precios pagados en planchada continúan estancados y sin instancias institucionales de negociación colectiva.

El modelo del INV como horizonte regulatorio

Desde la conducción del INYM defendieron la reconversión argumentando que la prioridad del Estado debe concentrarse en acompañar a las empresas con potencial de penetración externa y limitar cualquier intervención distorsiva en la formación libre de precios de la economía doméstica. En los considerandos de la medida, el instituto justificó la mutación tomando como referencia explícita la reestructuración aplicada sobre el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entidad a la que el Ejecutivo nacional le recortó cerca del 80% de sus potestades de fiscalización.

Bajo la premisa de homologar ambos entes para evitar la intromisión en mercados competitivos y replicar la inserción global de la industria vitivinícola, el organismo yerbatero avanza hacia un esquema de fiscalización acotada que consolida el repliegue del control estatal en la fijación de precios, redefiniéndose esencialmente como una agencia de fomento exterior para el complejo exportador.