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La Casa Rosada retrasó la puesta en marcha del nuevo régimen y extendió de seis a doce meses el período mínimo de inmovilización del capital. Durante 2027 las empresas deberán seguir pagando indemnizaciones con fondos propios.
El Gobierno nacional introdujo modificaciones de peso en la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el flamante mecanismo creado a partir de la reforma laboral para financiar las indemnizaciones por despido y reducir los pasivos contingentes de las empresas. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo resolvió posponer el inicio del régimen del 1° de noviembre al 1° de diciembre de 2026, al tiempo que duplicó de seis a doce meses el plazo mínimo de permanencia e inversión obligatoria de los recursos antes de habilitar los primeros rescates.
Esta doble modificación posterga el impacto operativo real del esquema: las compañías recién estarán facultadas para disponer del capital acumulado a partir de 2028, una vez integrados los doce períodos mensuales consecutivos fijados por la normativa. La medida atendió a un reclamo formal elevado por la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, que solicitó mayor margen temporal para adecuar plataformas tecnológicas y estructurar las carteras, además de responder a la necesidad oficial de asegurar una masa crítica de liquidez suficiente antes de autorizar retiros.
El mecanismo operará de manera obligatoria sobre los empleadores comprendidos en la reforma mediante una contribución equivalente al 2,5% de la masa salarial en las pymes y al 1% en las grandes empresas. Estos montos se fondearán a través de una reasignación directa de contribuciones patronales que hasta el momento tenían como destino las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), sin alterar la vigencia de las indemnizaciones tradicionales, las cuales deberán seguir abonándose íntegramente de los recursos corrientes corporativos a lo largo de todo 2027.
Los patrimonios acumulados serán administrados por vehículos financieros regulados y colocados en títulos públicos nacionales y acciones seleccionadas del mercado local. Este esquema de ahorro forzoso canalizará un flujo constante hacia el mercado de capitales argentino estimado en unos 2.000 millones de dólares, otorgándole mayor profundidad a la plaza financiera doméstica y acotando la volatilidad de precios al garantizar que durante su primer año no existirá drenaje de fondos para liquidar desvinculaciones o sentencias judiciales.
En el frente fiscal, la detracción de aportes representará un costo sensible para el Estado nacional. Según las estimaciones contempladas por el Ministerio de Economía en el proyecto de Presupuesto 2027, la merma en los ingresos ordinarios de la Anses implicará un impacto negativo proyectado en torno al 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.
De esta manera, el calendario técnico deja a 2027 exclusivamente como un ejercicio de integración y capitalización financiera. Recién con la llegada de 2028 los empleadores que mantengan su esquema de aportes al día podrán comenzar a utilizar las cuentas de capitalización del FAL para afrontar despidos y compensaciones laborales, concluyendo la transición hacia el nuevo modelo indemnizatorio.
