Se trata de Carlos Gellert, detenido en noviembre en la frontera entre Estados Unidos y México y deportado a la Argentina, quien selló un acuerdo de colaboración con los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, que ahora deberá ser evaluado por el juez Claudio Bonadio.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que durante su paso por los tribunales federales de Comodoro Py Gellert realizó un aporte considerado trascendente por la fiscalía pero remarcaron que para convertirse en arrepentido el imputado deberá esperar la homologación del acuerdo por parte del juez de la causa.
Gellert está acusado de haber integrado la asociación ilícita de la causa de los cuadernos y haber realizado maniobras de lavado de dinero en nombre del fallecido Muñoz: se le imputa haber intervenido en la compra de 15 propiedades en Miami y Nueva York, a través de sociedades radicadas fuera de la Argentina.
Gellert es primo de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, e hijo de Blanca Blanco, ex diputada nacional y ex esposa del ex Gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta. Además está casado con la mexicana Perla Puente Resendez con la que administró las sociedades investigadas en esta causa.
Los investigadores del caso sospechan que Gellert prestó su nombre para ocultar el origen y el destino de unos 70 millones de dólares presuntamente lavados por Muñoz y su viuda, que también está detenida en la causa.
Para que Gellert pueda ser considerado arrepentido, el acuerdo alcanzado hoy deberá ser refrendado por el juez Bonadio, que aún no homologó un acuerdo firmado por los fiscales con otro detenido en esta parte del caso, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo.
En esta parte de la investigación, Bonadio aún no resolvió las situaciones procesales de la viuda Pochetti y otros acusados, algunos de ellos excarcelados luego de haber sido aceptados como arrepentidos.
En la causa principal, la Cámara Federal porteña ya confirmó el procesamiento con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner -en libertad por tener fueros parlamentarios-, y a los detenidos Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y sus ex funcionarios José López y Roberto Baratta, entre otros.
Esta decisión está ahora a estudio de la Cámara Federal de Casación Penal.