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El Gobierno nacional convocó una audiencia de conciliación entre FATE S.A.I.C.I. y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino tras el anuncio de cierre de la planta en Virreyes, que dejó sin empleo a 920 trabajadores. Medida busca frenar tensiones y preservar el diálogo.
El Gobierno nacional convocó este miércoles a una audiencia de conciliación obligatoria entre las autoridades de FATE S.A.I.C.I. y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) luego de que la empresa anunciara el cierre definitivo de su planta en Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires. La medida busca acercar posiciones en medio de un conflicto laboral que preocupa al sector industrial.
La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Trabajo de la Nación y se celebrará de forma virtual a partir de las 12.30, con la intención de generar un canal de diálogo entre las partes tras el abrupto anuncio empresaria que implica la suspensión de actividades y el despido de 920 empleados.
La decisión de Fate fue comunicada en las primeras horas del miércoles mediante un comunicado oficial de la compañía, en el que informó que "a partir de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes" debido a los cambios en las condiciones del mercado. La empresa, con más de ocho décadas de trayectoria en el país, destacó su papel histórico como productor de neumáticos radiales para el mercado local y exportación.
La medida generó tensión dentro y fuera del establecimiento, con manifestaciones de trabajadores en el interior del predio y en los accesos, acompañadas por presencia policial para custodiar la zona. Algunos operarios protagonizaron protestas incluso sobre los techos de la fábrica en rechazo al anuncio y para exigir respuestas ante la pérdida de sus fuentes laborales.
En respuesta a la escalada del conflicto, la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por 15 días, retrotrayendo la situación al estado previo al cierre para intentar frenar los despidos y favorecer el diálogo entre la empresa y el sindicato. Esta medida suspende de manera transitoria las desvinculaciones hasta que se llame a una negociación formal entre las partes.
La conciliación obligatoria fue adoptada en el marco del procedimiento administrativo de crisis y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las normativas laborales vigentes, preservando los derechos de los trabajadores y buscando alternativas que permitan preservar la actividad productiva.
Desde distintos sectores sindicales se criticó la decisión de la empresa y se calificó el cierre como injustificado. El SUTNA denunció que la medida no cumplió con los procedimientos legales adecuados y advirtió sobre el impacto que tendrá en los trabajadores y sus familias.
Por su parte, fuentes oficiales destacaron la intervención estatal con el fin de promover una instancia de diálogo constructivo, aunque reconocieron que revertir la decisión empresarial podría ser complejo dada la situación económica y productiva que enfrenta la firma.
