Empresas de colectivos que prestan servicios en las ciudades de Rosario y Santa Fe presentaron formalmente ante cada municipalidad el pedido para incrementar el boleto. En la solicitud detallaron el retraso en el precio y aseguraron que está desajustada respecto a los aumentos en el gasoil, insumos y salarios de los choferes. 

La crisis del transporte público de pasajeros en el interior no es nueva, pero se agudizó fuertemente durante el 2023 y comienzos del 2024 a partir de la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei de eliminar el Fondo Compensador que enviaba a las provincias.

Desde el Ejecutivo se desentendieron y aseguran que cada distrito es el que debe hacerse cargo de garantizar el  servicio. Esa mirada, provocó el enojo de los mandatarios que junto a los municipios se vieron en la obligación de inyectar más subsidios para intentar sostener el funcionamiento de los colectivos.

Sin embargo, no alcanza. Durante las últimas horas se conoció que las empresas de Rosario y Santa Fe reclaman aumentar el boleto y llevarlo a 1300 pesos la tarifa plana, que en caso de concretarse, implicarí­a una suba de 600 pesos. Parece imposible para los bolsillos desinflados de los usuarios.  

Gerardo Ingaramo, titular de Autobuses Santa Fe, explicó que el incremento salarial del mes pasado, sumado a un retroactivo pendiente que debe ser cubierto en mayo y junio, no estaba contemplado en la tarifa actual de $700. "Esto se resuelve a través de tarifa o de aportes del estado municipal, no tenemos otra forma de afrontarlo", afirmó.

Uno de los puntos importantes en la discusión es el impacto de los atributos sociales. Ingaramo señaló que están enfrentando dificultades para recibir los pagos correspondientes a estos atributos, lo que afecta la capacidad financiera de las empresas. "Es la misma discusión de todos los meses, quién aporta los recursos que faltan", agregó.

En cuanto a la proyección del nuevo precio del boleto, Ingaramo estimó que rondarí­a entre los $1.280 y $1.300. Sin embargo, expresó su preocupación por las llamadas "tarifas polí­ticas", argumentando que los intendentes suelen intervenir para establecer tarifas que no reflejan los costos reales del servicio. Esto, según él, afecta la calidad del transporte público.