Después del violento motín del viernes, se conformó una mesa de diálogo para definir puntos del escrito de paz que se firmó este sábado.

En la mesa, en la que se sentó el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, su cúpula inmediata, jueces como Gustavo Hornos y 15 referentes de pabellones se acordó “la conformación de un grupo interdiciplinario para priorizar la revisión y estado de los trámites administrativos y judiciales vinculados al sub grupo descripto: población en riesgo sanitario (mayores de 60 años y enfermedades determinadas por la autoridad sanitaria), personas en término de libertad condicional y asistida, aquellos que tenían salidas transitorias otorgadas, condenados no superiores a tres años y aquellos con prisión preventiva cuyo cumplimiento exceda los dos años”.

Es decir, se revisará la situación procesal de los detenidos más sensibles, los grupos de riesgo frente al coronavirus. No se pactaron libertades ni salidas inmediatas. Hubo, sí, un compromiso a analizar la situación luego de la violencia que dejó a 11 penitenciarios con quemaduras y a seis detenidos internados.

Luego, fueron incluidos los grupos de mujeres con niños y embarazadas, extranjeros con trámite de expulsión y personas que fueron condenadas bajo régimen penal de menores en violación a a los derechos humanos.