Todos sus antecesores en el cargo donaron ese adicional por honorarios que no podían cobrar en simultáneo y que llega anexado a su función en representación del banco argentino. Sin embargo, González Fraga decidió percibirlo e incorporarlo a su patrimonio como ingresos que declaró tanto por 2018, como en 2019. De acuerdo a ambos registros oficiales, totalizan casi $10 millones al valor de la declaración, ya que es un salario percibido en dólares. Al momento de declarar su baja del BNA, estos ingresos que superaron los $8 millones, significaron el mayor porcentaje de su evolución patrimonial declarada.

La presidencia en el Banco Nación tiene, a su vez, representación en el directorio del Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex), situado en Panamá y que aparece como una entidad de financiamiento a corporaciones grandes y medianas para apoyar sus operaciones de negocio y de capitalización de otros bancos de la región. Los bancos centrales y entidades estatales designadas de 23 países de América Latina y El Caribe detentan las Acciones clase A, pero la mayoría de accionistas son privados (78%). Argentina no solo tenía un sillón en el directorio, sino que González Fraga aparece como uno de los titulares de la Junta Directiva, pero según la página web del Bladex, pese a haber dejado el cargo en el BNA el 16 de diciembre de 2019, continúa en la actualidad como uno de los representantes de las acciones en clase A, fundado en su "expertise" en la materia. Es miembro del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Compensación y Gestión Organizacional.

Será obviamente reemplazado en los próximos días, sin dejar de percibir el correspondiente a estos casi cinco meses extra. La cartera comercial del banco a fines de marzo pasado estaba inclinada hacia países de menor riesgo e instituciones financieras de primera categoría (55%) y a los sectores de energía eléctrica (6%), petróleo y gas (4%) y fabricación de metales (4%), según informó el sitio Bnamericas.

Limitados por un decreto que rige desde los años ´60, el alto funcionariado –como está comprendida la titularidad del BNA- no está habilitado para cobrar otro sueldo que no provenga de la docencia. Por esto, los antecesores de González Fraga percibían el ingreso por la representación en el Bladex pero lo donaban a través de la Fundación Banco Nación para no incurrir en incompatibilidades. De hecho, esa cuestión sigue vigente al punto que su actual titular Eduardo Hecker exigió para asumir su función que se dictaminara administrativamente la donación del ingreso adicional por el Bladex para evitar incurrir en esa "zona gris" de la reglamentación que los expresidentes del Nación evitaron antes y después. Al ser internacional, los honorarios del Bladex se calcularon en u$s 150.000 por año.

González Fraga incorporó a su patrimonio esos ingresos: como 100% propios, los declaró a diciembre de 2018 bajo el ítem "títulos y acciones en el exterior" por $1.396.500 a valor de ese momento y situados en Panamá. En 2019, presentó la "baja" como funcionario público y declaró allí como ingresos propios $8.385.300 pero en ese caso bajo el rótulo "acciones, cuotas, participaciones sociales sin capitalización en el país, Bladex SA, acciones". Declaró que por todo 2019 había una diferencia a favor en su patrimonio de más de $11 millones, del cual el 70% de esa suba lo constituyó la tenencia de Bladex. La discusión es si existe una falta también al Código de Ética Pública que tiene ciertas exclusiones cuando se reciben beneficios del exterior si provienen de organizaciones sin fines de lucro o que no tienen relación con la tarea que realiza el funcionario. Los bancos y entidades financieras oficiales están alcanzados por esta normativa.

El malestar existente con González Fraga dentro de la entidad se remonta prácticamente a su ingreso en enero de 2017 cuando, apuntalado por su exyerno Agustín Pesce intentó implementar una reestructuración que derivó en bajas y topes salariales a directivos del Nación y también a todas las empresas satelitales que giran en torno a la entidad relacionadas con el agro y los seguros. Sumó contratiempos con una malograda auditoría que derivó en costosos honorarios de abogados para defender al directorio por un caso ligado a la organización que presidia Milagro Sala y encuentra hoy una preocupación respecto a la causa Vicentín, por la que González Fraga ya fue imputado penalmente por el fiscal Guillermo Marijuan por haber salteado procedimientos y no requerir garantías hipotecarias lo que le hubiera permitido volver exigible la deuda de $18.500 millones antes de que la empresa apuntara a declararse en concurso de acreedores.