El planteo fue hecho ante el Tribunal Oral Federal 2, que lo condenó por el hecho al término de un juicio oral, informaron fuentes judiciales.
Jaime cumple con esa condena en la cárcel de Ezeiza desde el 5 de octubre de 2018, cuando la Cámara Federal de Casación confirmó el veredicto y, en su caso, elevó la pena fijada de seis años de prisión a ocho.
El ex funcionario ya estaba para ese entonces detenido con prisión preventiva desde 2016, en otras causas penales por presunta defraudación.
Ahora ante el Tribunal Oral pidió que se le conceda el arresto domiciliario y aludió a su estado de salud.
También a que necesita cuidar a su madre "de avanzada edad" y a un hermano que sufre una enfermedad terminal, según informaron las fuentes.
Los abogados del ex funcionario, Darío Vezzaro y Eduardo Caminos, aludieron además a las reformas del Código Procesal Penal que pusieron límites a las razones para fundar prisiones preventivas.