El Gobierno formalizó este miércoles la creación del Sistema nacional de denuncias por violencia de género, que apunta a obtener un registro unificado de este tipo de casos. La decisión fue oficializada mediante una resolución que se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

El sistema, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, tiene a su vez dos objetivos principales: homogeneizar la actuación del personal policial y de las fuerzas de seguridad para la toma de denuncias y la atención a la ciudadanía; e implementar un protocolo de actuación que "regulará la atención policial y la adopción ágil e inmediata de medidas de protección".

Respecto del primer punto, el anexo de la Resolución 351/2019 resalta los beneficios la creación de un registro creado con el fin de reunir en un solo sistema "toda la información relevante de las denuncias recepcionadas en las dependencias policiales en materia de violencia de género".

Con ese propósito, la cartera que conduce Patricia Bullrich firmó en febrero de este año un convenio de colaboración en materia de femicidios con la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema, que tiene como "consolidar la información criminal sobre los femicidios en todo el territorio nacional".

Para ello, los tres organismos acordaron "promover la construcción de indicadores que permitan comparar la información obtenida por cada uno y, en su caso, elaborar mediciones o análisis comunes sobre este tipo de delitos".

"También se acordó el intercambio de buenas prácticas para la construcción de bancos de datos y la elaboración de investigaciones y estadísticas, como así también a promover y apoyar capacitaciones sobre la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia", indica la resolución que lleva la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En cuanto al segundo objetivo, la resolución contiene la implementación del protocolo de actuación que regulará la atención policial y la "adopción ágil e inmediata de medidas de protección" para la víctima "en función de la determinación del riesgo en base a parametros prefijados".

A la hora de implementar el protocolo, el oficial de seguridad deberá completar una serie de formularios con parámetros prefijados a fin de evaluar los riesgos y determinar las medidas de protección a ser ejecutadas para lidiar con la situación. Para ello, define también de manera precisa términos como "violencia sobre las mujeres", "violencia indirecta", "tipos de violencia" y "perspectiva de género".

El primer formulario incluye la necesidad de precisar la relación entre la víctima y el presunto agresor, el tipo de violencia ejercida, la motivación y más información previa que pudiera resultar pertinente. Por ejemplo, la vinculación del denunciado con denuncias previas, o si se le ha impuesto alguna medida judicial como consecuencia de una situación de similar naturaleza.

En base al riesgo apreciado, descrito en un rango que va desde nulo a extremo, el operario de seguridad deberá seleccionar la medida de protección más eficiente para evitar la comisión de un posible crimen.

Entre las medidas que se pueden aplicar en casos de peligro extremo está la vigilancia permanente de la víctima en su domicilio y lugar de trabajo, así como la de la entrada y salida de los hijos – si existieran – de sus establecimientos escolares.

Además, se contempla la posibilidad de vincular a la víctima con un centro de acogida; recomendar la asignación de un dispositivo de monitoreo de protección y hasta el diseño de un plan de seguridad personalizado para cada victima.

Una vez implementadas las medidas, el protocolo indica la necesidad de hacer un seguimiento de la evolución del riesgo, para así determinar la manera de proceder.

La resolución indica que el sistema alcanzará a todas las fuerzas de seguridad bajo la órbita del ministerio: Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y la Policía Federal. A su vez, invita a las fuerzas de las distintas provincias y la Ciudad de Buenos Aires a plegarse a la iniciativa.

En marzo de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó los resultados del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM), que reveló que en los últimos cinco años hubo 576.360 casos entre los que se identificaron a 242.872 mujeres víctimas de violencia.

El informe contiene denuncias, consultas y pedidos de asistencia efectuados en el período entre 2013 y 2018. Los datos provienen de distintos organismos de servicios públicos a víctimas de violencia basada en el género, comunicados al INDEC.

Del relevamiento se desprende que el 42,6% del total corresponde a una búsqueda de asesoramiento, orientación y asistencia. Luego se aparecen las denuncias policiales (27,4%), las denuncias judiciales (21,8%), las llamadas de emergencia (4,7%) y la atención médica (1,9%).