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El juez federal Martín Cormick fijó un plazo perentorio de cinco días para aplicar la medida cautelar que quedó firme en la Corte Suprema, bajo apercibimiento de astreintes. En paralelo, los docentes de la UBA y de todo el país iniciaron una huelga de tres días por salarios.
El Juzgado Federal a cargo del magistrado Martín Cormick emitió este miércoles una nueva resolución mediante la cual intimó de manera perentoria al Gobierno nacional a dar cumplimiento, en un plazo improrrogable de cinco días, a la medida cautelar que ordena la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El pronunciamiento judicial incluye una advertencia formal al Poder Ejecutivo sobre la aplicación directa de sanciones conminatorias pecuniarias (astreintes) en caso de persistir en la desobediencia de una manda cautelar que adquirió carácter de firme tras ser convalidada por la Corte Suprema de Justicia en junio pasado.
El expediente judicial se había originado a fines del año pasado tras una serie de amparos colectivos impulsados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) frente a la negativa de la administración libertaria de transferir las partidas asignadas por el Congreso, alegando la ausencia de recursos presupuestarios para afrontar su costo financiero. La nueva disposición de Cormick llega luego de vencerse un emplazamiento previo fijado para el 30 de septiembre, ante el cual el Estado no acreditó transferencias ni presentó apelaciones formales registradas en el sistema informático.
La resolución judicial coincidió con el inicio de una contundente medida de fuerza impulsada por federaciones docentes y no docentes de todo el país. Los gremios nucleados en CONADU y CONADU Histórica pusieron en marcha un paro nacional de 72 horas que paraliza las actividades académicas hasta el viernes 2 de octubre en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en el resto de los centros de estudios superiores estatales, exigiendo una recomposición salarial inmediata del 33,4%.
El Ejecutivo trasladó al 1° de noviembre los aumentos pendientes del ICL y el IDC correspondientes a 2024, 2025 y el primer semestre de 2026. La medida busca contener la inflación ante la volatilidad del petróleo, en un contexto de fuerte costo fiscal.
La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, cuestionó la falta de canales oficiales de interlocución con el Ministerio de Capital Humano y ratificó la continuidad del plan de lucha: "No hubo una nueva negociación salarial ni se comunicaron mejoras adicionales al 3% previsto para los haberes de septiembre; no tenemos expectativas de que la administración cumpla de forma espontánea con la normativa vigente". La dirigente gremial remarcó que el personal universitario mantiene su esquema de protestas en las facultades a la espera de que la Justicia imponga las penalidades financieras correspondientes si el Ejecutivo no ejecuta las partidas ordenadas.
