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El Ejecutivo trasladó al 1° de noviembre los aumentos pendientes del ICL y el IDC correspondientes a 2024, 2025 y el primer semestre de 2026. La medida busca contener la inflación ante la volatilidad del petróleo, en un contexto de fuerte costo fiscal.
A través del Decreto 1126/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó una nueva postergación en la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). La medida trasladó al 1° de noviembre de 2026 la entrada en vigencia de los incrementos que debían implementarse a partir del primer día de octubre, neutralizando una carga tributaria adicional directa sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil en las estaciones de servicio de todo el país.
El diferimiento involucra tramos remanentes pendientes de actualización que datan de los períodos 2024 y 2025, junto con los ajustes correspondientes al primer y segundo trimestre de 2026. En los considerandos de la normativa, el Poder Ejecutivo justificó la prórroga en la necesidad de consolidar el proceso de desinflación y estimular la actividad productiva bajo un sendero macroeconómico sostenible, interrumpiendo el mecanismo legal que fija adecuaciones trimestrales automáticas atadas a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Pese a que el congelamiento fiscal impide el traslado impositivo directo durante octubre, la medida no garantiza necesariamente un congelamiento absoluto en los precios finales que pagan los automovilistas. Los valores en los surtidores continúan supeditados a la evolución de otros componentes de la estructura de costos de las refinadoras, entre ellos el sendero del tipo de cambio oficial, el valor de los biocombustibles y las decisiones comerciales de compañías como YPF, Shell, Axion y Puma.
El factor externo suma una presión añadida: la reciente escalada bélica en Medio Oriente incrementó la volatilidad en las cotizaciones internacionales del crudo Brent y WTI, encareciendo los costos de importación y refinación que las empresas monitorean semanalmente. Por otra parte, el decreto mantuvo vigente el tratamiento diferencial y de exención parcial para el gasoil consumido en la región patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), La Pampa, el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.
La reiteración de estos aplazamientos desde 2025 representa un significativo esfuerzo de recursos para las arcas del Tesoro. Según estimaciones de la consultora Economía & Energía, dirigida por Nicolás Arceo, las postergaciones aplicadas a lo largo de 2025 implicaron una resignación directa de ingresos tributarios equivalente a u$s 2.326 millones. En una mirada de mediano plazo, la firma calcula una pérdida de recaudación acumulada cercana a los u$s 11.000 millones desde 2021, de los cuales cerca de u$s 5.700 millones se resignaron desde el cambio de gestión en diciembre de 2023.
En idéntico sentido, un informe elaborado por el Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES) precisó que el desfase acumulado en los tributos al combustible asciende a u$s 11.232 millones entre 2021 y la actualidad, con un impacto de u$s 5.939 millones durante la actual administración. Aun a costa de esta brecha de financiamiento fiscal, la Casa Rosada priorizó contener las expectativas inflacionarias de octubre postergando la regularización completa del cuadro impositivo hacia finales del año.
