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El Ejecutivo nacional publicó modificaciones regulatorias que habilitan la privatización de AySA, actualizan condiciones para su venta e introducen nuevos criterios para la prestación del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana.
El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, dio un nuevo paso para avanzar en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al actualizar el marco normativo que regula el funcionamiento y la futura transferencia de la empresa pública al sector privado.
AySA, que presta servicios de agua potable y cloacas a más de 11 millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y varios partidos del Gran Buenos Aires, fue declarada "sujeta a privatización" por la Ley 27.742 (Ley Bases) sancionada en 2024.
El Ejecutivo oficializó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que redefine el marco regulatorio de AySA, consolidando el rol del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), la Agencia de Planificación (APLA) y el Ministerio de Economía en el control y supervisión del servicio, así como en la transición hacia un esquema mixto de gestión.
La norma también contempla un Plan Director de Mejora Estratégica que deberá ser elaborado por la APLA y revisado periódicamente para orientar inversiones y acciones de infraestructura en el sistema de agua y cloacas.
El proceso de privatización de AySA se enmarca en la decisión del Gobierno de vender hasta el 90% de las acciones que posee el Estado en la empresa, mientras que el 10% restante permanecería bajo un programa de propiedad participada para empleados, según lo previsto en normas previas.
La estrategia prevé dos etapas: primero, una licitación pública nacional e internacional para asignar al menos el 51% del paquete accionarial a un operador estratégico, y luego la oferta de las acciones restantes en bolsas y mercados locales.
Desde el Gobierno aseguran que la privatización se llevará a cabo siguiendo "los más altos estándares nacionales e internacionales" para asegurar transparencia y eficiencia en el proceso, con supervisión de organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Entre los cambios incluidos en el nuevo marco, se habilita la posibilidad de corte del servicio por falta de pago de facturas en mora, un punto que antes no estaba contemplado en las reglas de prestación. Las condiciones establecen períodos mínimos de mora antes de aplicar la interrupción y la obligación de restablecer el servicio en un plazo acotado tras el pago.
La actualización normativa también reafirma que las tarifas deben ser "justas y razonables", contemplando criterios de equidad con posibles subsidios para usuarios con dificultades económicas, aunque genera inquietudes sobre el impacto en hogares con menores ingresos.
El avance en la privatización de AySA ha generado un debate político y social amplio. Sectores opositores y organizaciones sociales han cuestionado la medida, planteando preocupaciones sobre el acceso al agua como un derecho humano esencial y señalando posibles efectos en la equidad del servicio.
Defensores de la iniciativa, en tanto, sostienen que la entrada de capital privado puede facilitar la modernización y expansión de la infraestructura del servicio, mejorando su calidad y eficiencia operativa.
