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La Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará el proceso. Tras definir cuánto vale la empresa, se lanzará una licitación internacional.
El Gobierno nacional dio este martes un nuevo paso en el proceso de privatización de AySA, la empresa de agua potable y saneamiento que brinda servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida se formalizó mediante la resolución 1198 del Ministerio de Economía, que confirmó que el 90% de las acciones estatales se pondrán a la venta: al menos 51% será transferido a un operador estratégico a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto se comercializará en la Bolsa de Comercio.
El Ejecutivo espera que el ingreso de capital privado permita modernizar la compañía y garantizar un servicio más eficiente.
La Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Agencia de Transformación de Empresas Públicas" coordinará el proceso y contratará un banco público para tasar el paquete accionario, tras la imposibilidad del Tribunal de Tasaciones de hacerlo en tiempo razonable.
La Secretaría de Obras Públicas deberá elaborar la documentación técnica y contractual, incluidos los contratos de concesión, y asegurar que no se interrumpa el suministro de agua ni de cloacas.
La venta mayoritaria se concretará en un plazo de 8 meses y se llevará a cabo a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, con asistencia técnica de AySA para garantizar transparencia.
El jefe de Gabinete pronosticó un triunfo libertario en las elecciones del 26 de octubre, destacó el avance en distritos peronistas y evitó dar precisiones sobre un recambio ministerial. También criticó duramente a Pablo Echarri.
La privatización de AySA fue lanzada el 23 de julio, un día después de que el Gobierno modificara el marco regulatorio de la empresa mediante el DNU 493/2025, habilitando la venta de acciones y la entrada de capital privado. Entre los cambios introducidos, se estableció que la compañía podrá cortar el servicio por falta de pago, medida que hasta entonces estaba limitada.
Actualmente, el 90% del capital accionario pertenece al Ministerio de Economía, mientras que el 10% restante está en manos de empleados a través del Programa de Propiedad Participada.
Con este proceso, el Ejecutivo busca asegurar la llegada de inversiones privadas y, al mismo tiempo, mantener una participación minoritaria del Estado en la compañía.
