El vice del Enacom afirmó que el organismo va a emitir una reglamentación a partir de la declaración de servicio público. Dijo que las empresas del sector van a tener que discutir los nuevos precios cuando finalice el congelamiento.
Gustavo López: Hay más de 1.000 empresas. Se están regulando a todas las empresas de internet, que son centenares, que incluyen grandes, medianas, pequeñas. Hay 400 cooperativas. Después se están regulando a las tres telcos grandes, Telefónica, Telecom Personal y Claro. Y también las de TV por cable.
P.: ¿Por qué se incluye la TV por cable?
G.L.: Porque en el gobierno de Macri, mediante el decreto 267 las consideró empresas de Tecnología de la Información y Comunicación (TICS). Las sacó del ámbito de la Ley de Medios. Cómo ahora estamos declarando a TICS como servicios esenciales, se incluye a la TV por cable.
P: Al declararlos servicios públicos, ¿se plantea entonces que es el Estado el que tiene la obligación de prestar el servicio y que entonces lo concesiona?
G.L.: Ya no. Es un servicio público prestado por empresas privadas. Lo que se califica de público es el servicio, no quien lo presta. Por eso es en competencia. A diferencia de los viejos servicios públicos, que eran monopólicos, estos son en competencia y por eso lo que se regula es el precio.
P.: ¿Va a haber llamados a licitación?
G.L.: El tema es así: los viejos servicios no son en competencia, tienen regulación distinta porque siguen siendo monopolios legales. Uno tiene una empresa por localidad, por ejemplo, de luz. Tienen audiencia pública. Pero estos nuevos servicios tienen regulación de precios como la medicina prepaga. No pueden incrementar los precios si no los autoriza la Superintendencia de Salud. El objeto que se protege es la salud. En este caso es el acceso a las tecnologías, que son consideradas esenciales y derechos humanos.
P.: ¿Va a haber una tarifa social?
G.L.: En la ley de 2014 ya se había sido declarado como servicio público y el Estado podía regular precios. No lo había hecho porque Macri derogó los dos articulos. Acá se crea una tarifa social. Va a ser obligatoria, que es parecido a lo que hay en salud, la Prestación Médica Universal. Acá va a ser una Prestación Social Universal y Obligatoria de internet, telefonía y televisión.
P.: ¿Tienen que ser por separado o toda junta?
G.L.: Esa prestación podrá ser por separado o toda junta. Hay empresas que prestan servicios de triple y hasta cuádruple play y hay muchas que solo ofrecen internet. Todo eso va a ir a la reglamentación.
P.: ¿Qué va a pasar después del congelamiento de precios?
G.L.: El congelamiento es solo una medida excepcional por la pandemia. Después del congelamiento va a venir la discusión de los nuevos precios. Ahí se va a tener en cuenta los nuevos costos, más las inversiones, más la ganancia, y eso va a dar la tarifa. En el decreto pusimos que el Estado va a velar por un precio justo razonable y equitativo que contemple las tres cosas.
P.: Las empresas dicen que eso va en contra de su negocio...
G.L: Obviamente las empresas se defienden diciendo que es un ataque a ellos. Esto es una defensa de los consumidores. Entre marzo y abril aumentaron los precios y ahora la semana que viene iban a volver a aumentar y el Estado no tenía ninguna herramienta para evitar que encajen un tarifazo del 20% en la telefonía.
P: ¿Cuándo van a tener lista la reglamentación?
G.L.: Calculo que por lo menos vamos a demorar 60 días. La reglamentación requiere del análisis de ingenieros, de cálculos matemáticos y de un montón de cosas. Tiene que ser lo suficientemente profesional y objetiva para que la empresa por un lado y el usuario por otro, sepa cuáles son las reglas de juego.
P.: Se puede plantear el caso de que las empresas digan que requieren subir tarifas en un determinado porcentaje porque sino no pueden invertir o que no pueden sostener la calidad del servicio.
G.L.: Lo tienen que demostrar. Hasta ahora no tenían que demostrar nada. No había tarifas transparentes de algo que es esencial. Hace 20 años eran esenciales el agua y la luz ahora se incluyen las TICS.
P.: Si demuestran que no pueden cubrir inversiones, ¿se las podrá subsidiar?.
G.L.: Si es para inversión no hay problema porque el Estado está subsidiando inversión privada a través de adelantos no reembolsables. El Estado tiene un fondo del servicio universal que es para eso. Si alguien aduce que por el congelamiento no puede invertir, habrá que analizar caso por caso. Hay que ver qué contratos tienen y cómo los firmaron. Es falaz lo que plantean, porque en los últimos 4 años la caída de la inversión fue brutal, sobre todo en los dos últimos años de Macri. ¿Eso fue porque las reglas de juego no les permitían cobrar lo que querían?. No, fue porque la gente no tenía plata para pagar las tarifas. La telefonía móvil perdió unos 2 millones de abonados de los plantes con facturas, que pasaron a prepagos. Estaba todo liberado pero la gente no tenía un mango.
P: ¿Se piensa abrir el juego a algún operador más en telefonía móvil?
G.L.: El juego está abierto, nunca se cerró, lo que pasa es que no se ha presentado otra compañía.
Fuente: Ambito