La población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe puede llegar a 83,4 millones de personas en 2020, lo que, de cumplirse el pronóstico, implicará un alza significativa en los niveles de hambre en la región, advirtieron hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En ese marco, ambas entidades -que dependen de la Organización de Naciones Unidas- propusieron la entrega de un bono de emergencia a las personas vulnerables y créditos blandos para los productores.

Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la Cepal, llamó a intensificar los esfuerzos "para evitar que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria", mientras Julio Berdegué, subdirector general de la FAO, alertó sobre el "riesgo inminente", sobre todo en los países del Caribe.

Durante una teleconferencia, Bárcena recordó que la crisis regional por la pandemia de coronavirus es "la más grande" en un siglo, con una caída prevista del PIB de 5,3%, tras siete años de bajo crecimiento, y aumentará la pobreza en más de 16 millones de personas, por encima de las 67 millones precedentes.

Ese sector no tendrá ingresos suficientes para cubrir la canasta alimentaria y abarcará al 25,2% de la población en áreas rurales (4,9 puntos más que en 2019) y 10,2% en zonas urbanas (1,8 punto más).

"La población en pobreza extrema aumentaría en 10,7 millones en áreas urbanas y 5,7 millones en áreas rurales", hasta 53,4 y 30 millones, respectivamente, proyectó Bárcena.

Advirtió también que los precios de alimentos aumentaron por encima del promedio general, "sobre todo a partir de mediados de febrero, cuando se redujo la movilidad y hubo mayor incertidumbre", a la vez que mencionó el impacto de las devaluaciones monetarias.

Berdegué, por su parte, señaló que América del Sur es un gran productor mundial de alimentos, aunque concentra a más de la mitad de la población en condición de hambre.



"En América Latina podemos tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre, podemos perder lo que hemos logrado en 15 años en tan sólo un par de meses", alertó el representante regional de la FAO.

El Bono Contra el Hambre podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, y sería equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional (US$ 47 de 2010).

Su costo equivaldría al 0,06% del PIB regional, si se entrega únicamente a los pobres extremos mayores de 65 años, o al 0,45% si se cubre a toda la población en esa situación.

La CEPAL y la FAO recomendaron la segunda opción, que tendría un costo estimado de US$ 23.500 millones.

Para los productores del sistema alimentario, en tanto, se planteó un incremento de al menos un 20% de la cartera promedio de créditos de los últimos tres años, que sumaría alrededor de US$ 5.500 millones, financiados por una línea especial de la banca multilateral y de las bancas de desarrollo.

Adicionalmente, para las unidades agrícolas familiares más rezagadas se propuso un kit básico de inversión (US$ 250) con un costo de US$ 1.700 millones en la escala regional,

"Ese aporte por única vez alcanzaría a 6,8 millones de fincas y sería utilizado para invertir en fertilizantes y semillas", entre otros insumos, planteó Bárcena.

Berdegué, por último, instó a "garantizar la calidad de la alimentación en la pobreza extrema, ya que se van a agravar los problemas de sobrepeso y malnutrición".