Así se desprende del informe elevado al Comité de evaluación y monitoreo del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que aparece publicado como Anexo 5 de la Decisión Administrativa 663/2020 en el que la Jefatura de Gabinete.

La Superintendencia sostiene que “el sistema de salud en su conjunto atraviesa una crisis sin precedentes en donde se combinan los efectos acumulados en el tiempo de situaciones que generaron el desfinanciamiento progresivo del sistema y la situación de pandemia mundial con su efecto profundizador de los problemas preexistentes”.

En tal sentido, el informe revela que la principal fuente de financiamiento de los prestadores de salud son los aportes y contribuciones patronales. Sin embargo, alerta que la recaudación de las obras sociales no acompaño la evolución de la inflación general ni, por ende, la inflación médica. Traducido a números, la recaudación de los aportes y contribuciones de las obras sociales creció en el periodo marzo 2019-marzo 2020 un 29% ($ 23.738 millones en marzo 2019 contra $ 30.672 millones en marzo 2020) “muy por debajo del IPC y del IPC SALUD”.

En tanto, que el costo de la mano de obra, que implica el 70% del costo total, sufrió un fuerte incremento interanual. El salario promedio del sector en enero de 2019 era de $23.921 mientras que en abril de 2020 dicho promedio asciende a $40.518, lo que representa un crecimiento del 69,4%.

La Superintendencia de Salud explica que estos factores, entre otros, impactaron de lleno en la cadena de servicios afectando, claramente, el flujo y la dinámica de integración vertical de los financiadores con los prestadores.

Al respecto, las cámaras que nuclean prestadores de salud que nuclean a clínicas, sanatorios, emergencias, y otros servicios (ADECRA, CONFECLISA, FECLIBA, CEPSAL, FEM entre otras) coinciden en señalar que dicho ciclo de facturación implica, en general, 3 meses de descalce, es decir a modo de ejemplo, que durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 los prestadores facturaran las prestaciones brindadas en los meses de diciembre 2019, enero y febrero de 2020 respectivamente. Este último particular trimestre (marzo, junio y julio) refleja la estacionalidad prestacional lo que significa que por una menor demanda estos ciclos de facturaciones son menores a los habituales.

Por otra parte, el informe advierte sobre la suba injustificada de precios en insumos vinculados a la salud en tiempo de emergencia sanitaria. “Es necesario destacar la necesidad de un monitoreo exhaustivo de la evolución del precio de insumos generales y críticos que se han volatilizado en demasía en el marco de la pandemia actual y que impactan de lleno en los costos prestacionales que, a su vez, se trasladan a los financiadores”, alerta la Superintendencia de Salud.