El Gobierno nacional modificó este lunes los mecanismos de adjudicación de obra pública con el objetivo de simplificar los procesos, fomentar la competencia y permitir la participación de nuevos actores, tanto nacionales como internacionales. La medida fue oficializada mediante la Disposición 24/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), publicada en el Boletín Oficial.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró el cambio y denunció que "durante 70 años imperó un sistema de cartelización establecido por ley". Según el funcionario, ese sistema "limitaba la capacidad constructiva de cada oferente y aseguraba un reparto entre los actores", a la vez que impedía el ingreso de nuevos competidores. "Ahora se derrumban las barreras de entrada", afirmó.

Uno de los aspectos más importantes es que se elimina el sistema de 'capacidad de contratación', considerado el "corazón del sistema anterior". A partir de ahora, las empresas que no tengan antecedentes en obra pública podrán acreditar capacidad mediante garantías o patrimonio, y se equiparan los antecedentes de obra pública y privada para evaluar la capacidad de ejecución.

Además, se anunció la creación del Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), que reemplazará a antiguos registros y será obligatorio para participar en licitaciones públicas nacionales. Allí deberán inscribirse proveedores, contratistas y concesionarios.

La nueva normativa flexibiliza requisitos, elimina burocracia y reduce el volumen de documentación exigida. Bajo el esquema anterior, las constructoras debían presentar antecedentes y balances de hasta diez años atrás, lo que implicaba un proceso complejo y restrictivo.

El Decreto 206/25, complementado por esta disposición, marca así un cambio estructural en la política de obra pública, con la intención de abrir el juego a nuevos competidores, modernizar los criterios de evaluación y eliminar privilegios históricos de la denominada "patria contratista".