Ahora, las empresas podrán establecer los precios que consideren convenientes.
El Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM) ha decidido eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable, que anteriormente oscilaban entre el 5% y el 10% mensual. Ahora, las empresas podrán establecer los precios que consideren convenientes.
Esta decisión fue tomada por los interventores Juan Martín Ozores, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, bajo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anula el DNU 690/2020. Este último declaraba los servicios de telecomunicaciones como públicos esenciales y estratégicos, otorgando al ENACOM la facultad de regular las tarifas. La nueva normativa entrará en vigencia al ser publicada, afectando las tarifas a partir de julio.
"Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación", señalan los considerandos. Además, el DNU 302/2024 subraya que "los servicios de TIC han sido creados en competencia... siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente".
El decreto también destaca la necesidad de "lograr un mejor desarrollo de los servicios de telecomunicaciones acorde a las circunstancias fácticas y jurídicas reinantes", favoreciendo el dinamismo y equilibrio competitivo del mercado y asegurando una mayor oferta de servicios a precios justos y con mayor calidad.
La decisión llega en un contexto donde, según el último informe del CABASE Internet Index de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), el 67,5% de los hogares argentinos ha tomado medidas para reducir el costo de su servicio de internet fijo, y el 65,3% ha hecho lo mismo con el servicio de TV paga. La encuesta de CABASE revela que el costo promedio del servicio de internet fijo a nivel nacional es de $20.035, representando alrededor del 4% de los ingresos promedio por hogar, evidenciando un retroceso respecto a la medición anterior, donde equivalía al 3% de los ingresos.