Este proyecto del Poder Ejecutivo viene a reemplazar al decreto-ley 22.278, dictado durante la última dictadura militar y aún vigente, lo que constituye una auténtica deuda de la democracia, concepto que muchas veces se usa con frivolidad pero en este caso resulta verdaderamente significativo.
El decreto-ley de la dictadura establece un régimen arbitrario y discriminatorio, basado en la doctrina de la "situación irregular", que conlleva pautas clasistas como el "peligro material y moral", en virtud del cual los magistrados pueden determinar el destino de los/as adolescentes en forma discrecional. Los/as inimputables pueden ser privados de su libertad sin que se respete el debido proceso, y los/as jóvenes de entre 16 y 18 años cuentan con menos garantías que un adulto a la hora de ser juzgados. Ejemplos de ello son la ausencia de probation o mediación.
Algunas provincias avanzaron en su legislación procesal para corregir el enfoque obsoleto de este decreto-ley, pero aun así es preocupante que en tantos años de democracia no haya sido reemplazado por otra norma de alcance nacional. Por eso es destacable que la actual gestión haya encarado el desafío de poner fin a la situación de irregularidad que emana de este régimen.
El sistema penal juvenil que debatiremos incorpora diversas instancias alternativas de solución del conflicto y una mirada interdisciplinaria y especializada, basada en el paradigma de la justicia restaurativa. Procura la inserción social del/la joven a través de medidas socio-educativas y establece en forma clara y precisa cuáles son sus derechos. Más importante: termina para siempre con las privaciones de la libertad a inimputables. De hecho, se ajusta a los estándares internacionales en la materia, según los cuales esta respuesta debe ser siempre una última ratio.
Las Presidencias de las comisiones competentes queremos que sea una discusión robusta y abierta, por lo que establecimos un cronograma en torno a los distintos ejes del nuevo sistema con la presencia de técnicos y especialistas propuestos por todos los bloques, sean estos oficialistas u opositores, que integran el plenario de comisiones.
Sabemos que las objeciones políticas a este proyecto se orientarán a la forma en la que fija la edad de imputabilidad. Considero, sin embargo, que ese reduccionismo no colabora en absoluto con el debate profundo y sincero que nos debemos. El nuevo sistema excede ampliamente esa cuestión puntual, y sería una verdadera lástima que su análisis se circunscriba de ese modo en nombre del proselitismo o la chicana.
Tenemos la oportunidad de demostrar que, una vez más e incluso en un año electoral, la Cámara está en condiciones de abordar los temas relevantes en forma transversal y sincera. Y el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil sin duda es un tema sumamente relevante, ya que compromete los derechos de los/as adolescentes y pone en juego los compromisos internacionales asumidos por Argentina a este respecto. Espero que las y los legisladores estemos a la altura del desafío.
(*) Diputada nacional (UCR). Presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados.