A lo largo de casi 100 años el código de Moreno que teníamos que reformar, sufrió modificaciones que le hicieron perder la coherencia y la proporcionalidad, provocando discrepancias que incluso hacían dudar sobre qué es lo que está prohibido o no en el país.
La Comisión, que tuve el honor integrar en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, trabajó con un equipo de 50 asesores ad-honorem durante 500 días, tuvo más de 100 reuniones de trabajo en todo el país, deliberó, discutió, escuchó a expertos y a las víctimas, tomó en cuenta el trabajo realizado por las 17 anteriores comisiones de reforma y recogió la opinión de ONGs y sugerencias de la sociedad a través de Justicia 2020.
El texto que acordamos tiene sistematicidad y coherencia, la mirada puesta en la víctima, perspectiva de género, da respuesta a nuevas modalidades delictivas, al uso de la tecnología e incorpora la responsabilidad de las personas jurídicas.
Tras un exhaustivo trabajo de investigación, decidimos agregar un libro con los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, la desaparición forzada de persona y el crimen de agresión, con sus particulares disposiciones generales.
El proyecto endurece las penas contra el narcotráfico y la corrupción, suma el decomiso anticipado, busca sancionar a los responsables y recuperar los bienes sustraídos al Estado. Además aumenta las penas para la trata, el terrorismo y su financiamiento.
Reduce el margen de discrecionalidad de los jueces, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Incorpora la pena de prisión en detención domiciliaria, con el uso de dispositivo electrónico, fija criterios claros para su determinación y establece la actualización de las multas en días multa.
Introduce el delito de soborno entre privados, incluso para personas jurídicas; endurece la pena de los delitos contra la administración pública y amplía la figura del colaborador eficaz.
El cuerpo estuvo presidido por el camarista de la Casación Penal, Mariano Borinsky, e integrado por el fiscal Pablo Turano; los camaristas Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques y Patricia Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Ziffer. También Yael Bendel y Guillermo Soares Gache, en representación de los Ministerios de Desarrollo Social y de Seguridad.
Argentina se merece un Código Penal moderno, sistemático y coherente, que dé respuestas a la criminalidad compleja, a los reclamos de la sociedad y de participación a las víctimas.
El Gobierno envió el proyecto. Ahora el Congreso hará su aporte, ampliará el debate y asumirá la responsabilidad de su tratamiento y sanción.
(*) Director general de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia de la Nación. Integró la comisión especial para la reforma del Código Penal. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.