Vuelven a sus casas, salvo en casos graves, pensando que delinquir no tiene consecuencias. Y esto pasa porque el juez no puede aplicar sanciones a menores de edad, ya que son inimputables. Si el magistrado indica un tratamiento psicológico de desintoxicación o terminar la escuela, depende de la voluntad de los jóvenes el cumplir con estas medidas. El Estado se desentiende del chico, no lo ayuda a reinsertarse en la sociedad de un modo que le garantice un futuro lejos de las cárceles.
Los chicos son víctimas de todo tipo de organizaciones criminales como el narcotráfico que están usando a menores de edad para la venta y custodia de la droga y, en algunos casos, incluso para perseguir o matar a rivales. ¿Por qué hacen esto? Muy simple: porque los menores no van a la cárcel.
En general, son chicos que no tienen contención familiar ni institucional. Muchos estudios muestran que el camino hacia la criminalidad se define en la adolescencia o en la temprana adultez. Identificar a un chico que inicia su carrera criminal y dotarlo de herramientas para vivir dentro de las normas puede darle las oportunidades necesarias para vivir una vida al margen del delito.
Lo que ocurre con el narcotráfico se repite en otro tipo de delitos, como barras bravas o bandas que salen a robar o secuestrar. Es claro que el régimen penal actual no es la causa de estos comportamientos, pero también es cierto que no da una respuesta adecuada. Hay problemas institucionales y de marginalidad sobre los cuales el sistema penal no tiene nada que resolver. Sin embargo, la ineficacia del régimen penal actúa como un incentivo para el reclutamiento de jóvenes para el delito.
El actual Régimen es un sistema obsoleto, ineficaz, fruto de un decreto de la dictadura, que no da respuesta a estos chicos ni proporciona justicia a las víctimas. Además, también incumplimos con la Convención de los Derechos del Niño ya que tenemos al menos 100 menores de 16 años que están presos por orden de un juez sin juicio previo.
Frente a esto, el proyecto que impulsamos desde el Gobierno establece todo un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que pretende instaurar un rol activo para el Estado, en el cual no sólo se repare el daño causado a las víctimas, sino que también se eduque y se brinde herramientas a los jóvenes para que no recaigan en el delito. De aprobarse el proyecto, el Estado tendrá un amplio abanico de respuestas adecuadas a la situación de cada adolescente, donde la última opción es el encierro.
El proyecto propone evitar que los jóvenes continúen con la cadena del delito, tratar de que salgan rápidamente de este círculo vicioso en el cual el juez pueda disponer que un equipo interdisciplinario establezca un plan personalizado y realice un seguimiento de su cumplimiento integrado por herramientas socioeducativas y laborales, para mostrarles que hay otras opciones de vida.
El nuevo sistema pone el acento en la responsabilidad de los actos cometidos y está compuesto por más de 100 artículos que incorporan medidas innovadoras con un sistema de escalas en las penalidades, la creación de una Justicia especializada, la articulación interministerial y mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos para lograr un abordaje integral e interdisciplinario.
Asimismo, se aplica la justicia restaurativa que permite la participación de la víctima, del victimario y de la sociedad en la solución del conflicto. Hace foco en la responsabilidad del menor para que comprenda que su acción generó un daño y que debe repararlo. Programas con características similares se aplican en varias provincias con excelentes resultados.
Este proyecto no es una respuesta aislada del Gobierno ante el preocupante tema de la inseguridad, sino que es parte de un plan integral que incluye novedades ya en ejecución y con muy buenos resultados, como la ley de Flagrancia o la de Juicios Unipersonales; otras recientemente aprobadas por el Congreso como el Código Procesal Penal Federal y otras pendientes de aprobación, como el nuevo Código Penal.
Han quedado atrás los años en que los gobiernos, por incapacidad o conveniencia, dejaban de lado el tratamiento de la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción. El proyecto de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil es otro ejemplo de la voluntad del gobierno de Cambiemos de hacer frente a deudas pendientes y problemas de fondo muy arraigados, que nos afectan a todos los argentinos.
(*) Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

@martincasares