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La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata otorgó efecto suspensivo a la apelación del gobierno de Axel Kicillof y dejó sin efecto provisoriamente la cautelar que frenaba las subas. La medida alcanza a cuatro distribuidoras bonaerenses mientras se define el fondo de la causa.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata resolvió hacer lugar a un planteo presentado por la administración de Axel Kicillof y otorgó efecto suspensivo a la medida cautelar que mantenía frenados los incrementos en el servicio eléctrico bonaerense. De esta manera, las distribuidoras EDELAP, EDEN, EDEA y EDES quedaron habilitadas de forma provisoria para facturar los valores fijados en la Resolución 682/2026 mientras el tribunal analiza la cuestión de fondo.
El litigio se remonta a una acción de amparo impulsada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El pasado 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había ordenado retrotraer las tarifas a los cuadros previos tras objetar la puesta en vigencia de la Resolución 585/2026 sin la realización de una audiencia pública previa, señalando que la última revisión tarifaria integral con participación de usuarios databa de diciembre de 2016.
Frente a la traba judicial, la Fiscalía de Estado bonaerense interpuso un recurso de queja acreditando que la suspensión de las actualizaciones ponía en riesgo la sustentabilidad económica de la prestación energética y la cobertura de los costos operativos elementales en el interior de la provincia.
Para respaldar la postura oficial, el Ejecutivo aportó peritajes e informes técnicos del Ministerio de Infraestructura y del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA). Los dictámenes advirtieron sobre la imposibilidad material de desdoblar en los sistemas de facturación los costos nacionales de generación de los componentes de distribución local, lo que generaba un descalce financiero que amenazaba la continuidad del suministro.
En su pronunciamiento, el tribunal de alzada marplatense aclaró que la decisión no convalida definitivamente la legalidad de los cuadros tarifarios aplicados, sino que busca resguardar el interés público y evitar distorsiones operativas durante la tramitación del litigio.
En tanto, la cartera de infraestructura bonaerense y la Fiscalía ratificaron que el llamado a audiencia pública formal para encarar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) definitiva se encuentra agendado para mediados de diciembre de 2026, instancia en la que se debatirá la estructura de costos permanente para el sector.
