El Gobierno nacional resolvió acudir a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la última resolución judicial vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La ofensiva legal de la Casa Rosada apunta contra la intimación dictada por el juez federal Martín Cormick, quien le otorgó al Poder Ejecutivo un plazo perentorio de cinco días hábiles para dar cumplimiento íntegro a la medida cautelar que ordena actualizar las partidas salariales y becas estudiantiles, advirtiendo con la imposición de sanciones económicas conminatorias (astreintes) por cada jornada de retraso.

En los despachos oficiales afinan la presentación judicial y evalúan solicitar que el recurso sea concedido con efecto suspensivo para congelar la aplicación de las penalidades mientras el tribunal de alzada analiza el expediente. La postura del Estado sostiene que la cautelar ya fue satisfecha a partir de las actas suscriptas en junio entre la Secretaría de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones docentes, las cuales contemplaron una recomposición de la masa salarial del 24,33% y un incremento del 20% para gastos operativos, argumentos que el magistrado de primera instancia desestimó al considerar que no subsanan de forma definitiva el deterioro acumulado.

Negociación en el Presupuesto 2027 y tensión en las aulas

La pulseada en los tribunales se entrelaza de lleno con las tratativas legislativas en el Congreso de la Nación por el Presupuesto 2027. El proyecto remitido por el Ministerio de Economía contempla una asignación global de $7,349 billones para el sistema de educación superior, cifra que choca de frente con los $11 billones reclamados por los rectores de las casas de altos estudios públicas. Frente a esta brecha, el oficialismo abrió canales de diálogo con bancadas aliadas para calibrar un incremento intermedio que permita destrabar la partida y presentar ese nuevo consenso parlamentario como un hecho sobreviniente para diluir la controversia en la Justicia.

Sin embargo, el frente sindical y académico ratificó el plan de lucha ante el fracaso de las últimas mesas técnicas paritarias, donde la Casa Rosada buscó imponer una suba adicional del 3% por decreto. Con tomas de facultades y paros rotativos en marcha, la comunidad universitaria confirmó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, redoblando la presión callejera mientras se aguarda la resolución de la Cámara sobre la intimación judicial.