Frente a los pronósticos meteorológicos que anticipan tormentas severas y aumentos extraordinarios en los caudales cordilleranos, el Departamento General de Irrigación puso en marcha un régimen especial y transitorio de contrataciones administrativas. A través de la Resolución 333, publicada este viernes 25 de septiembre en el Boletín Oficial, el organismo facultó a las Inspecciones de Cauce de toda la provincia a realizar adquisiciones de insumos, contratar servicios operativos y ejecutar obras de reparación con carácter de urgencia para mitigar las contingencias derivadas del ciclo El Niño 2026-2027.

La normativa fundamenta la flexibilización de los plazos burocráticos tradicionales en la necesidad de evitar retrasos operativos que puedan derivar en el colapso de defensas, roturas de compuertas o la interrupción en el suministro de riego productivo. El esquema autoriza la realización de contrataciones directas por emergencia para ejecutar tareas críticas como el desembanque y desobstrucción de hijuelas y desagües, la consolidación de terraplenes, el alquiler de maquinaria pesada y la compra inmediata de áridos, gaviones, geotextiles, cañerías, cemento y combustibles.

Controles técnicos y rendición de cuentas

Pese a la celeridad otorgada a las administraciones locales de agua, la resolución fijó un estricto protocolo de fiscalización para resguardar los fondos públicos. Cada procedimiento requerirá un informe técnico previo que detalle el punto geográfico comprometido, el peligro inminente, el vínculo causal con el fenómeno climático y la justificación del costo. Siempre que la premura del siniestro lo permita, las inspecciones deberán solicitar un cotejo de al menos tres presupuestos de plaza, fundamentando por escrito los casos excepcionales en los que no sea viable la compulsa de precios.

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Contingencia climática

Defensa Civil reportó 193 incidentes en toda la provincia tras las intensas ráfagas registradas entre el jueves y la madrugada del viernes. Tupungato lideró los daños, mientras la DGE resolvió la suspensión total de clases.

Asimismo, cada entidad deberá confeccionar un legajo documental específico que integre los comprobantes de gastos, la acreditación de partida presupuestaria, la certificación de recepción de obras y la liquidación final de cuentas. El régimen de excepción permanecerá vigente hasta el 30 de abril de 2027, con la opción de prórroga formal sujeta a la evaluación del Tribunal Administrativo de Irrigación si las anomalías climáticas persisten sobre las cuencas provinciales.