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El Tribunal Oral Federal N° 4 emitirá este lunes la sentencia en la causa que investigó el pago de sobornos y sobreprecios por parte de la constructora sueca Skanska a exfuncionarios nacionales para la adjudicación de gasoductos en 2004.
El Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital Federal dará a conocer este lunes a partir de las 13:00 el veredicto definitivo en el marco del denominado "Caso Skanska". El proceso oral y público ventiló las maniobras de direccionamiento de licitaciones, sobreprecios y transferencias de activos marginales destinadas al pago de coimas a exfuncionarios de la administración pública nacional. Los principales imputados, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, participarán de la lectura de la sentencia mediante plataformas virtuales.
La fiscalía de juicio solicitó para los exfuncionarios penas de ejecución efectiva que oscilan entre los cuatro y cinco años de prisión, accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos públicos, junto con el decomiso de activos financieros. De acuerdo con la instrucción judicial, la constructora de capitales suecos acordó con firmas competidoras elevar de forma artificial los costos de las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur en 2004.
Para encubrir los flujos de dinero dirigidos a los retornos ilegales, la corporación multinacional diseñó un circuito contable basado en la adquisición de facturas falsas provistas por más de una veintena de empresas fantasma. Estas firmas apócrifas simulaban la prestación de servicios logísticos y de consultoría inexistentes, permitiendo justificar los egresos de caja como costos corrientes vinculados al proyecto hídrico y energético central financiado por el Estado Nacional.
La prueba troncal que reactivó el expediente radicó en una grabación interna de la propia compañía donde directivos comerciales admitían explícitamente las exigencias de sobornos por parte de los organismos reguladores. El juez federal, al momento de clausurar la instrucción, advirtió que la extracción de fondos de las arcas estatales carecía de amparo legal y se tradujo en un beneficio económico ilegal a título personal para los procesados.
