El Gobierno busca desactivar uno de los focos de mayor tensión en el sistema de salud y aseguró que cancelará antes de mayo los $350.000 millones restantes de la deuda del PAMI con prestadores, luego de haber iniciado los primeros desembolsos para aliviar la situación.

Según fuentes oficiales, ya comenzaron a ejecutarse transferencias por hasta $150.000 millones, en un intento por normalizar el flujo de pagos y frenar el conflicto con clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. En el Ejecutivo reconocen que el pasivo total asciende a $500.000 millones y que la regularización es ahora una prioridad inmediata.

La deuda acumulada se convirtió en las últimas semanas en una de las principales preocupaciones dentro de la Casa Rosada, no solo por su impacto financiero sino por el riesgo concreto de que se afectara la atención de millones de afiliados. El conflicto escaló con medidas de fuerza, reclamos sectoriales y movilizaciones frente a la sede del organismo y el Congreso.

El punto más crítico se dio con el paro de 72 horas de médicos de cabecera, que expuso la fragilidad del sistema y encendió alarmas en el Gobierno ante la posibilidad de una interrupción prolongada en las prestaciones. En Balcarce 50 admiten que hubo inquietud por el costo político y social que podría haber tenido un deterioro mayor en el servicio.

En este contexto, la decisión de acelerar los pagos fue leída dentro del oficialismo como una medida de contención urgente. Sostienen que parte de la deuda corresponde a compromisos recientes y que el objetivo es restablecer previsibilidad para evitar nuevos cortocircuitos con el sector prestador.

Sin embargo, el trasfondo del conflicto excede el atraso puntual. En el propio Gobierno reconocen que el PAMI atraviesa una situación financiera delicada, agravada por las restricciones fiscales y la necesidad de asistencia externa para sostener su funcionamiento. La intervención del Ministerio de Economía para habilitar los fondos refleja la presión que ejercieron las prestadoras y el impacto que tuvo el conflicto en la agenda oficial.

A esto se suma el malestar generado por cambios recientes en el esquema de ingresos de los médicos de cabecera. Mientras el Ejecutivo los presenta como una reconfiguración para ordenar el sistema, en sectores profesionales los interpretan como un recorte encubierto que deteriora aún más las condiciones laborales.

La combinación de deuda, tensión salarial y fragilidad estructural dejó expuesta una de las áreas más sensibles de la gestión, en un organismo que concentra la atención de millones de jubilados en todo el país.

Ahora, el Gobierno apuesta a cerrar el frente financiero en las próximas semanas para reducir la conflictividad y evitar nuevas protestas. La intención es mostrar que el flujo de pagos comienza a normalizarse y que el sistema puede estabilizarse sin un colapso en la atención.

Sin embargo, en el entorno oficial reconocen que el episodio dejó al descubierto problemas de fondo que van más allá de la deuda actual y que seguirán condicionando el funcionamiento del PAMI en el corto plazo.