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Mendoza
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Un decreto nacional habilitó a la provincia a concesionar y mantener rutas nacionales, con posibilidad de financiamiento a través de cánones.
Mendoza quedó habilitada para gestionar, concesionar y financiar obras en rutas nacionales que atraviesan su territorio, tras la publicación del Decreto 253/2026 del Gobierno nacional.
La medida permite a la provincia otorgar concesiones de obra pública a empresas privadas, mixtas o entes públicos, bajo un esquema que contempla el cobro de peajes como fuente de financiamiento.
El objetivo del decreto es descentralizar la gestión de la infraestructura vial, trasladando a las provincias la responsabilidad operativa sobre el mantenimiento y la conservación de los caminos.
El primer relevamiento nacional registró 421 personas en la provincia y más de 9.400 en todo el país.
Además de Mendoza, la disposición alcanza a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, que también podrán avanzar con esquemas similares en sus jurisdicciones.
La normativa establece que la delegación de facultades es "funcional, limitada, temporal y revocable", y aclara que el Estado nacional mantiene la titularidad de las rutas, así como la jurisdicción sobre los tramos viales.
En ese sentido, se fija que los contratos de concesión no podrán superar los 30 años desde su aprobación y deberán incluir tanto los tramos involucrados como el plan de obras correspondiente.
La obra social de empleados públicos respondió a la iniciativa del sindicato docente, que impulsa una reforma a través de la recolección de firmas.
El decreto también establece una serie de condiciones para la implementación del sistema, entre ellas el respeto a principios de publicidad, transparencia, concurrencia y razonabilidad tarifaria, además del equilibrio económico-financiero de los contratos.
La supervisión de los acuerdos estará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación del esquema.
Por otro lado, la normativa prevé que si una provincia no convoca a licitación en el plazo de un año desde la firma del convenio, la delegación de facultades sobre ese tramo vial quedará sin efecto.
El nuevo esquema abre la posibilidad de que Mendoza avance en obras viales con financiamiento propio, en un contexto donde la inversión en infraestructura depende en gran medida de esquemas alternativos al financiamiento nacional directo.
