Las amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza avanzan en el plano judicial y ya hay tres adolescentes identificados por su presunta participación en los hechos, uno de los cuales permanece detenido.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, confirmó que se trata de una causa por amenazas agravadas y advirtió que no se trata de situaciones menores. "Una amenaza de muerte en una escuela pública o privada es un delito", remarcó.

Según detalló, uno de los jóvenes tiene 17 años y es imputable penalmente, mientras que los otros dos, de 15 años, no lo son. Todos están vinculados a mensajes que generaron alarma en distintas instituciones educativas y activaron protocolos de seguridad.

"No es un hecho menor poner en riesgo la vida o movilizar recursos del Estado si esto fuese una broma", insistió el funcionario, al referirse a la gravedad de este tipo de amenazas.

Además de las responsabilidades penales, el Gobierno anticipó que avanzará con sanciones hacia las familias de los involucrados. "Se va a sancionar a los padres", aseguró García Zalazar, y explicó que la normativa vigente permite este tipo de medidas cuando hay responsabilidad en la conducta de menores.

En ese sentido, hizo hincapié en el rol de los adultos en la prevención. "Los padres no pueden no saber si su hijo está involucrado en este tipo de acciones", sostuvo, y agregó que el control y el diálogo son herramientas fundamentales para evitar este tipo de situaciones.

El avance de la investigación también podría tener consecuencias en el ámbito educativo. Según indicó el ministro, los estudiantes involucrados podrían ser apartados del sistema mientras se desarrolla el proceso judicial.

Las amenazas fueron detectadas a partir de un trabajo conjunto entre la Policía de Investigaciones y la comunidad educativa, que permitió seguir pistas en redes sociales y reconstruir la participación de los implicados.

"Fue un trabajo con colaboración de padres y colegios. Pudimos llegar a tres de los instigadores y se sigue investigando a otras personas", explicó el funcionario.

Si bien evitó dar detalles específicos para preservar la identidad de los menores y no entorpecer la causa, confirmó que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones.

A pesar del impacto generado por las amenazas, desde el Gobierno aseguraron que las clases continuarán con normalidad, aunque se mantienen activos los protocolos de prevención y seguridad en los establecimientos educativos.