La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de Glaciares tras una sesión de más de diez horas. La iniciativa obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, y redefine el alcance de la protección sobre zonas glaciares y periglaciares en todo el país.

La reforma introduce cambios en la Ley 26.639, estableciendo que serán las provincias las encargadas de determinar qué áreas integran el inventario glaciar. Aquellas zonas que queden fuera de ese registro podrán habilitarse para actividades productivas, como la minería.

Tras la aprobación, organizaciones ambientalistas como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace convocaron a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva para frenar la reforma en la Justicia.

"Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia", advirtieron desde las organizaciones.

Desde estos espacios sostienen que la reforma pone en riesgo las reservas de agua y abre una nueva etapa de conflicto social.

"Esta reforma pone en riesgo el acceso al agua y la vida de millones de argentinos", señalaron en un comunicado.

Además, remarcaron que la convocatoria a una acción judicial busca canalizar el rechazo expresado durante el proceso legislativo.

"La ciudadanía será protagonista de la defensa de los glaciares", afirmaron.

Uno de los puntos centrales de la reforma es el cambio en el criterio de protección.

A partir de ahora, la cobertura deja de ser general para centrarse únicamente en áreas con función hídrica comprobada, lo que reduce el alcance de la ley original.

También se habilita la posibilidad de desarrollar actividades productivas en zonas previamente protegidas, siempre que se realicen estudios de impacto ambiental.

Otro cambio clave es el rol de las provincias, que tendrán la facultad de definir qué zonas quedan bajo protección, con criterios propios.

En este nuevo esquema, el Inventario Nacional de Glaciares mantiene su existencia, pero pierde carácter vinculante, pasando a ser una referencia técnica sin poder de decisión sobre las políticas provinciales.

Los glaciares que no cumplan una función hídrica específica dejarán de estar protegidos por esta ley, aunque seguirán alcanzados por otras normativas ambientales.

La aprobación de la reforma abre ahora un nuevo frente judicial y político, en medio de un fuerte debate sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental.