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El oficialismo convocó a audiencias públicas en la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la Ley de Glaciares. La oposición y organizaciones ambientalistas cuestionan la iniciativa y reclaman mayor participación antes de avanzar con su aprobación.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares comenzó a avanzar en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo convocó a audiencias públicas para fines de marzo en medio de críticas de la oposición y de organizaciones ambientalistas.
La discusión se desarrolla en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, encabezadas por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.
Las audiencias se realizarán los días 25 y 26 de marzo en el Congreso. La primera jornada será presencial y la segunda permitirá la participación de expositores del interior del país mediante modalidad virtual.
La Cámara de Diputados ya habilitó el registro para especialistas, organizaciones y ciudadanos interesados en exponer durante el debate, que se extenderá de 10 a 19 horas en ambas jornadas.
La convocatoria se realizó bajo el artículo 114 bis del reglamento de la Cámara baja, que establece mecanismos de participación pública en debates legislativos.
Sectores opositores reclamaron más tiempo para analizar el proyecto y cuestionaron la posibilidad de que el oficialismo intentara avanzar con un tratamiento rápido de la iniciativa.
Por ese motivo, el Gobierno aceptó ampliar el proceso de discusión y sumar una segunda jornada de audiencias, aunque descartó realizar encuentros fuera del ámbito del Congreso.
También organizaciones ambientalistas expresaron su preocupación por el impacto que podría tener la reforma sobre las zonas protegidas del país.
La modificación impulsada por el Gobierno plantea redefinir los criterios de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, acotando la protección a aquellas áreas que demuestren una función hídrica específica relevante.
Además, propone otorgar mayores facultades a las provincias para decidir qué territorios deben ser preservados y cuáles podrían habilitarse para actividades productivas.
Quienes apoyan la iniciativa sostienen que el objetivo es clarificar el marco normativo y fortalecer el federalismo ambiental, mientras que sus críticos advierten que podría debilitar la protección de reservas de agua estratégicas.
Tras las audiencias públicas, el Congreso evaluará los aportes recibidos antes de avanzar con el dictamen en comisiones. Según el cronograma legislativo, el tratamiento en el recinto podría realizarse durante abril.
La discusión promete continuar en medio de fuertes diferencias políticas y ambientales sobre el futuro de una de las leyes clave para la protección de los recursos hídricos del país.
