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El Gobierno promulgó la nueva Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina. La norma crea un sistema penal específico para adolescentes y establece penas diferenciadas según la gravedad de los delitos.
El Gobierno nacional promulgó la nueva Ley Penal Juvenil, que establece un cambio clave en el sistema judicial argentino: la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años. Con la entrada en vigencia de la norma, los adolescentes de esa edad podrán ser investigados, juzgados y condenados por delitos dentro de un régimen especial.
La iniciativa había sido aprobada previamente por el Congreso, luego de un debate que generó fuertes posiciones a favor y en contra. En el Senado obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, lo que permitió convertir el proyecto en ley.
El nuevo Régimen Penal Juvenil crea un sistema específico para adolescentes de 14 a 18 años, con procesos judiciales diferenciados y garantías adaptadas a su edad.
Hasta ahora, el sistema vigente establecía que los menores de 16 años no podían ser juzgados penalmente. Con la reforma, los jóvenes de 14 y 15 años podrán enfrentar procesos judiciales si cometen delitos.
La normativa también fija un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del hecho. Para delitos menores se prevén penas alternativas, mientras que en los casos más graves la condena puede alcanzar hasta 15 años de prisión, con posibilidad de ampliarse en situaciones excepcionales.
La ley establece que la prisión debe ser el último recurso para los adolescentes. Por eso, incorpora distintas medidas alternativas como:
Amonestaciones judiciales,
Tareas comunitarias,
Programas educativos o laborales,
Libertad asistida o supervisión judicial.
Además, la normativa dispone que los menores condenados no podrán compartir espacios penitenciarios con adultos, por lo que deberán alojarse en institutos especializados o módulos separados.
La reforma fue impulsada por el oficialismo con el argumento de que el sistema vigente estaba desactualizado y no respondía a la realidad del delito juvenil.
Sin embargo, sectores de la oposición cuestionaron la iniciativa al considerar que la medida prioriza el castigo por sobre las políticas sociales y advirtieron sobre la falta de recursos para implementar el nuevo sistema en todo el país.
A pesar de las críticas, el Gobierno defendió la reforma como una herramienta para dar respuestas a las víctimas y fortalecer el sistema de justicia penal juvenil.
