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El Gobierno retomará en marzo las negociaciones para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema, un año después del rechazo del Senado a los pliegos impulsados por Javier Milei. El oficialismo también avanza en la designación de jueces, fiscales y defensores.
El Gobierno nacional comenzará nuevamente en marzo las negociaciones políticas para definir las dos vacantes que existen en la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Senado rechazara, hace un año, los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, promovidos por la Casa Rosada.
La decisión de postergar el debate sobre el máximo tribunal fue tomada directamente por Javier Milei, quien priorizó durante 2025 la aprobación del Presupuesto 2026 y el tratamiento de los proyectos incluidos en las sesiones extraordinarias, objetivo que el oficialismo logró cumplir en diciembre.
Con ese frente casi saldado -y con un nuevo período de sesiones extraordinarias previsto para febrero-, el oficialismo se prepara para retomar gradualmente el diálogo con la oposición, con la intención de conseguir los votos necesarios en el Senado.
El objetivo central será sumar respaldo de los bloques más críticos al Gobierno, en especial Unión por la Patria, para avanzar con los pliegos que proponga el Presidente. "Tenemos algunos candidatos, veremos cuál elige el Presidente", señaló a este medio una fuente de alto rango involucrada en las conversaciones
Por el momento, desde el Ejecutivo aclaran que no hay definiciones cerradas respecto de los nombres que podrían ocupar los cargos vacantes en el máximo tribunal.
Tras el fracaso de los pliegos enviados en 2025, en la Casa Rosada seguían con atención varios perfiles del ámbito jurídico. Entre ellos, los abogados Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y el exjuez federal Ricardo Rojas, quien también fue considerado en su momento para la Procuración General del Tesoro.
Si bien ninguno de estos nombres fue confirmado, en el oficialismo admiten que forman parte del universo de candidatos que aún evalúa el Presidente.
En paralelo a la discusión por la Corte Suprema, el Gobierno tendría casi definidas las designaciones de 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos, lo que permitiría cubrir más del 30% de las vacantes existentes en el sistema judicial.
Para avanzar con estos nombramientos, la Casa Rosada no descarta negociar con gobernadores dialoguistas, especialmente en aquellos distritos donde los juzgados federales aún no fueron cubiertos. Las conversaciones se darían una vez finalizadas las sesiones extraordinarias, en el marco del vínculo que Nación mantiene con las provincias tras la aprobación de leyes clave.
Sin embargo, desde el oficialismo marcaron un límite claro: "Podemos hablar con los gobernadores para conseguir avales en el Senado, pero no estamos dispuestos a designar malos jueces", advirtió una fuente cercana al Ejecutivo.
El procedimiento para cubrir vacantes en juzgados y fiscalías contempla varias etapas. Primero, los postulantes deben presentarse a concursos públicos. Luego, el Consejo de la Magistratura elabora ternas que deben ser aprobadas por su Plenario.
Una vez cumplido ese paso, las ternas son enviadas al Ministerio de Justicia, que selecciona los nombres definitivos que serán remitidos al Senado, donde deben ser aprobados o rechazados.
Por último, el Gobierno no tiene previsto avanzar en el corto plazo con el reemplazo del Procurador General de la Nación, cargo que ocupa de manera interina Eduardo Casal.
"No creemos que sea en marzo. El Presidente decidirá cuándo", señalaron desde el entorno presidencial, dejando abierta la posibilidad de que ese debate quede para una etapa posterior.
