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Mendoza
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Las reformas a la Ley de Inteligencia, impulsadas por decreto, quedaron en el centro de la escena política antes del inicio de las sesiones extraordinarias. La oposición exige su tratamiento en el Congreso y el oficialismo busca sostener su vigencia.
Las modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional comenzaron a colarse en la agenda política a días de que el presidente Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero. Aunque el DNU no figura en el temario oficial, la oposición presiona para que sea analizado por el Congreso.
Diputados de distintos bloques opositores solicitaron a las autoridades del Congreso la conformación de las comisiones bicamerales encargadas de evaluar los cambios introducidos en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El planteo apunta a que el DNU 941/2025 sea girado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para su análisis.
Desde el bloque Unidos y otros espacios dialoguistas reclamaron que se cumpla el procedimiento previsto por la ley que regula los decretos de Necesidad y Urgencia, que fija un plazo de diez días hábiles para que la bicameral emita dictamen una vez recibido el decreto.
En paralelo, el bloque de Unión por la Patria presentó una iniciativa para rechazar el DNU. Argumentan que la norma altera el sistema democrático, al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes.
Además, sostienen que el decreto no cumple con los requisitos de necesidad y urgencia, ya que el Poder Ejecutivo contaba con herramientas institucionales para promover el debate parlamentario, como la convocatoria a sesiones extraordinarias.
En contraste, el bloque del PRO, que conduce Cristian Ritondo, expresó un respaldo inicial a la medida. Desde ese espacio señalaron que se trata de una temática sensible para la seguridad y la defensa nacional, y plantearon una postura de prudencia hasta conocer los protocolos de aplicación y la normativa complementaria.
La Ley 26.122, sancionada en 2006, establece que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo mantiene sus funciones incluso durante el receso parlamentario. Por ese motivo, la oposición exige su inmediata conformación para analizar la validez del DNU.
Si el jefe de Gabinete no remite el decreto dentro del plazo correspondiente, la comisión puede abocarse al tratamiento de oficio. En caso de que tampoco haya dictamen, ambas cámaras quedan habilitadas a tratar el decreto directamente en el recinto.
En ese escenario, el Congreso solo puede aprobar o rechazar el DNU, sin introducir modificaciones, y la norma seguirá vigente hasta que exista un pronunciamiento parlamentario expreso. Para su rechazo, se requiere que ambas cámaras se expidan en ese sentido.
El debate se da en un contexto sensible: en agosto de 2024, la Cámara de Diputados rechazó un DNU que asignaba fondos adicionales a la SIDE, decisión que un mes después fue ratificada por el Senado. Fue la primera vez en la historia que el Congreso rechazó un decreto de este tipo a un presidente en funciones.
Mientras tanto, el Congreso aguarda la convocatoria formal a sesiones extraordinarias. El temario incluiría los proyectos de Modernización Laboral, cambios a la Ley de Glaciares y reformas al Código Penal, todos impulsados por el Ejecutivo.
El decreto que habilite las sesiones no contemplará el tratamiento del DNU de Inteligencia. Si la oposición busca avanzar contra la norma, deberá reunir quórum propio y construir mayorías en ambas cámaras para imponer su postura.
